Reforma Constitucional en materia de Amparo

El lunes 13 de diciembre de 2010 se aprobó, por el Senado de la República una reforma en materia del Juicio de Amparo. Con ello ya se cuenta con el voto de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se deberá recabar la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados.

 

La modificación al Amparo ha sido aplaudida a partir de lo que se ha publicado en medios de comunicación. A reserva de comentar posteriormente otros aspectos de la reforma, me limitaré a un tema muy importante, el relativo al efecto de las sentencias dictadas en el juicio de amparo indirecto al impugnarse normas generales.

 

Se trata de el punto que más podría resaltarse de la reforma, pero realmente hay que analizarlo para ver si debe considerarse como un gran avance.

 

Uno de los principios reguladores del Juicio de Amparo es el de la Relatividad de la Sentencia (la llamada Fórmula Otero). Según este principio la sentencia solamente beneficia a la persona que interpuso la demanda. Evidentemente ha sido criticado porque lleva a la grave consecuencia de que, en un amparo contra normas generales, puede llegar a declararse la Inconstitucionalidad de la Disposición impugnada y seguir aplicándola.

 

Pensemos que se interpone demanda de amparo contra una ley. Previos los trámites correspondientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declara inconstitucional pero únicamente se vería beneficiado la parte quejosa en ese juicio de amparo pero a todos los gobernados que no impugnaron la ley se les sigue aplicando la inconstitucional norma. Eso es inaceptable pero así opera.

 

Se publicó, en medios de comunicación, que la reforma que se comenta establece la facultad para la SCJN para dar efectos generales a las sentencias de amparo contra normas generales.

 

Revisando el dictamen aprobado el optimismo desaparece. Considero que la gran modificación es como “dar atole con el dedo”.

 

Dice el dictamen, en la parte conducente, a la letra:

 

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. …

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

…”

 

De lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la CPEUM, prevalece la relatividad de la sentencia como principio en el Juicio de Amparo, pues siguen limitándose los efectos de la sentencia al caso concreto. El gran avance lo suponen los dos siguientes párrafos.

 

Se establece que si al resolver juicios de amparo en revisión contra normas generales por segunda ocasión  la SCJN lo informará a la autoridad que la emitió. Ello implica que a pesar de haberse resuelto la inconstitucionalidad de una norma general en un juicio de amparo, se seguirá aplicando a los gobernados que no la impugnaron. Si en un segundo juicio se resuelve la inconstitucionalidad se avisa al emisor, entendemos que para que purgue los vicios que han provocado la determinación judicial pero mientras sigue aplicándose a todos los demás gobernados. Evidentemente no pretendo que con una o dos resoluciones se “expulse del ordenamiento jurídico a una norma”. Sé que para hablar de que una norma sea declarada inconstitucional en realidad se requiere de cinco ejecutorias en el mismo sentido (respetando las reglas de la jurisprudencia por reiteración de criterios).

 

El problema es que, de conformidad con el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 de la CPEUM, en los casos en que ya haya sido determinada la inconstitucionalidad de la norma (por reiteración), se debe notificar a la autoridad que emitió la disposición general impugnada para que supere los vicios de inconstitucionalidad y si en noventa días no han superados los problemas que llevaron a la tal determinación, “… la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria…”

 

Estoy de acuerdo en que antes de dar efectos generales se brinde la oportunidad a la autoridad que emitió la norma para resolver los problemas de inconstitucionalidad. Se supone que para ello se le informa, desde que se dicta el segundo fallo de la SCJN y posteriormente al determinarse por reiteración la inconstitucionalidad, para que pueda enmendar los problemas. El problema es que a pesar de que en noventa días, de no lograrse la mayoría calificada en la SCJN (ocho votos por lo menos), no se darían efectos generales a la determinación de inconstitucionalidad, por lo que la norma seguiría aplicándose, por lo que las resoluciones seguirían teniendo efectos relativos.

 

¿No es suficiente que con reiteración de ejecutorias se haya determinado la inconstitucionalidad de la norma general para que, después de los noventa días, la determinación tenga efectos derogatorios? Por supuesto que la respuesta tendría que ser afirmativa. En forma inexplicable se requiere de una votación calificada adicional para se determine si se dan efectos generales. Francamente es inaceptable.

 

Lo peor de todo es que todo lo anterior no rige, de conformidad con el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con materia tributaria. Esa limitación es grave. Quizá uno de los temas en que más se hace patente la arbitrariedad del principio de relatividad de las sentencias es en el ámbito de la materia fiscal. Con la reforma, vemos que, a pesar de ser declarada la inconstitucionalidad de una norma general en materia tributaria, no se lo podrá dar efecto general. Por eso la reforma a pesar de ser un paso adelante, dista mucho de llegar a buen fin. Por eso decía que pareciera que nos están dando “atole con el dedo”.

 

 

About these ads

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
Esta entrada fue publicada en Amparo, Reforma constitucional, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Reforma Constitucional en materia de Amparo

  1. MARTHA HERLINDA RODRÍGEZ GUTIÉRREZ dijo:

    Hey por qué el abandono a tu blog??? que pasa?

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s