Comentarios sobre el dictamen de Ley de Seguridad Interior

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de Ley de Seguridad Interior (en adelante DLSI), mismo que fue enviado al Senado de la República para seguir con el trámite legislativo. Lo anterior ha generado puntos de vista encontrados. Por un lado, se afirma que con esta Ley se busca dotar de un marco normativo a la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior. Por otro, se dice que se militarizará al país al permitir una intervención de los cuerpos militares sin límites ni un régimen de rendición de cuentas.

Sin embargo, independientemente de que se estima necesaria la regulación de la materia, lo cierto es que la Ley de Seguridad Interior, de seguir el trámite del proceso legislativo, nacerá viciada. En efecto, se tratará de una ley expedida por el Congreso de la Unión sin que ese órgano legislativo cuente con facultades para legislar en la materia (a diferencia del caso de la Seguridad Nacional). De la lectura del artículo 73 Constitucional, se desprende que no es facultad del Congreso la de legislar en materia de Seguridad Interior, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Fundamental, esa atribución se entendería reservada para las autoridades locales.

Independientemente de lo anterior, a continuación, se comentarán algunos de los aspectos del dictamen enviado a la Cámara de Senadores.

El artículo 1 del DLSI señala que la ley “tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia”

Como punto de partida es oportuno reconocer que los problemas de inseguridad han hecho que, aunque muchos no lo aprueben, las fuerzas armadas hayan tenido que intervenir para tratar de contenerla. En este momento estamos en el peor de los escenarios al no estar normada la forma en que se debe desarrollar dicha intervención. No sería realista, en las circunstancias que vive el país, pensar en el retiro de las corporaciones militares a los cuarteles. Ello porque las policías no son suficientes ni están preparadas para hacer frente al problema de la inseguridad. Se pretende regular la función estatal de la preservación de la seguridad interior al tiempo de regular la coordinación de los poderes federales con las autoridades de los otros niveles de gobierno.

Cuando se hace referencia a los temas de seguridad, es común que se piense en temas relacionados con la delincuencia. Sin embargo, la noción de seguridad interior es muy amplia y no se limita a los temas relacionados con la incidencia delictiva y su combate. El dictamen que se analiza la define en los siguientes términos:

“La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.” (artículo 2 DLSI).

Al hablar de seguridad interior, de conformidad con el dictamen aprobado por los diputados, es necesario referirse a amenazas y riesgos para la seguridad interior. La primeras afectan los principios señalados en el articulo 3 del DLSI , así como las amenazas contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional (en adelante LSN) que tengan origen en territorio nacional, así como “las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional” (artículo 4, fracción II DLSI).

La LSN dispone, en el artículo 5:

“Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”

Son riesgos para la seguridad interior son situaciones que, potencialmente, pueden convertirse en amenazas a la seguridad interior (artículo 4, fracción III DLSI).

Una vez señalada la noción de seguridad interior y lo que debe entenderse como amenazas y riesgos a la seguridad interior, pasamos a otros aspectos relevantes del dictamen.

Se prevé el trámite para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (en adelante DECLARACIÓN), así como las acciones a seguir al dictarse.

En términos del artículo 11, la DECLARACIÓN procederá ante amenazas a la seguridad interior que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.

En estos casos, el presidente de la República, por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas (o de los Ejecutivos locales en los recesos de los órganos legislativos), previa opinión del Consejo de Seguridad Nacional emitirá la DECLARATORIA a más tardar en 72 horas, a partir de la solicitud, en términos de lo descrito por el artículo 12 del dictamen, Se establecen las consideraciones que deben expresar las legislaturas locales para solicitar la DECLARATORIA. Al respecto, llama la atención que no se dispone que el presidente de la República deba incluirlas al emitir la mencionada DECLARATORIA por sí (artículo 13 DLSI).

En la DECLARATORIA se deben definir los siguientes puntos:

“I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán;

II.La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá;

III.Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;

IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad Interior;

V. Las Fuerzas Federales participantes;

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esta Ley;

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y

VIII. La temporalidad de la Declaratoria.” (artículo 14 DLSI)

Respecto a la temporalidad, no podrá exceder de 1 año, pero puede prorrogarse (artículo 15 DLSI).

En caso de amenazas a la seguridad interior que representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el presidente de la República podrá ordenar acciones sin necesidad de DECLARATORIA previa (artículo 16 DLSI).

Una vez emitida la DECLARATORIA, todas las acciones de las autoridades correspondientes se considerarán como Acciones de Seguridad Interior, las que, en ningún caso pueden sustituir a las autoridades de las entidades o de los municipios ni relevarlos de sus funciones. Expresamente se establece que no tendrán carácter de acciones de seguridad pública (artículos 16 y 17 del DLSI).

Uno de los temas más controvertidos es el relativo a la militarización del país. Al respecto, el artículo 20 del DLSI establece que las fuerzas armadas “sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate” y se regula su intervención con motivo de la DECLARATORIA. Así, estaría, en principio, condicionada la actuación de las fuerzas armadas a casos de excepción. Sin embargo, el artículo 6 del DLSI prevé que, a efecto de identificar la existencia de riesgos a la seguridad interior, las autoridades, incluyendo a las fuerzas militares deberían tomar acciones e implementar políticas y programas sin necesidad de DECLARACIÓN. Es este uno de los aspectos delicados porque permite la intervención, so pretexto de los riesgos contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos, de las fuerzas armadas sin necesidad de la emisión de la DECLARATORIA.

En el mismo sentido, generará críticas lo dispuesto en el artículo 26 del DLSI, que establece que las autoridades, incluyendo a las fuerzas armadas, “llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos” Además, señala que “las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”

Así, primero se limita la actuación de las fuerzas armadas a los casos en que exista DECLARATORIA, pero, después de le faculta para tomar acciones de forma permanente y sin necesidad de la emisión de la misma.

En cuanto a las actividades de las fuerzas armadas frente al tema de la delincuencia, el artículo 27, limita las acciones a realizar a hacer “del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía”.

El artículo 30 establece que, en materia de Inteligencia, las fuerzas federales (policías) y las fuerzas armadas, través de las autoridades facultadas por la Ley de Seguridad Interior “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”. Por ello es que se dice que podrían intervenir comunicaciones sin necesidad de autorización judicial. Sin embargo, esto es debatible pues el mismo dispositivo prevé que “toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Quiere decir que el ejercicio de esta atribución estará condicionada a los requisitos que para la recolección de información está sujeta a los parámetros constitucionales.

Respecto al tema del respeto a los derechos humanos, el DLSI dispone que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías” (artículo 7), que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” (artículo 8)

En materia de transparencia y acceso a la información, el artículo 9 establece que la información relacionada con la seguridad interior, en términos de la ley cuyo dictamen se comenta será considerada de Seguridad Nacional.

Por lo que hace a las responsabilidades de los servidores públicos en cuanto a la aplicación de la ley de seguridad interior, tímidamente, se señala que “el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 34 DLSI).

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Sobre la Fiscalía General de la República

Es muy delicado el manejo que se está dando en medios de comunicación a lo manifestado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación con la posible modificación al artículo 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No se trata de defender a AMLO y su postura, simplemente creo que es bueno no distorsionar las cosas. En este momento lo que necesitamos es unidad y esfuerzo conjunto. Una muy amplia mayoría votó a su favor en las elecciones del 1 de julio del presente año. Seguramente su actuación será objeto de escrutinio permanente por todos, tanto por los que no votaron por él como por los que sí.

La nota que ha estado en diferentes medios es que AMLO se opone a una Fiscalía independiente. Así, por ejemplo, Animal Político dice en una nota:

Este viernes, el candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, descartó la posibilidad de reformar el artículo 102 de la Constitución referente a la creación de una Fiscalía independiente.” (AMLO descarta reforma para crear fiscalía autónoma| Animal Político. Retrieved from https://www.animalpolitico.com/2018/07/amlo-descarta-reforma-al-articulo-102-con-el-que-se-crearia-una-fiscalia-independiente/).

La nota implicaría que AMLO se opone a una Fiscalía autónoma, lo que no necesariamente es cierto. Lo real es que el artículo 102, Apartado A fue reformado en 2014 y en 2016 para quedar en los siguientes términos:

Art. 102.-

  1. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

  1. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna.

  1. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado.

III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.

Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.

  1. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.
  2. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General.
  3. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley.

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.”

El párrafo primero del Apartado A entró en vigor el día 30 de enero de 2016 (según el Artículo transitorio PRIMERO del decreto publicado el 29 de enero de 2016, que establece que, salvo que los otros transitorios dispongan algo en contrario – lo que no ocurre en relación con los dos cambios que se hacen al dispositivo en comento-, la reforma entra en vigor al día siguiente de la publicación), a pesar de que todavía no está en vigor el resto de dicho Apartado. Es evidente que, independientemente de lo señalado en relación con los artículos de tránsito, la existencia de la Fiscalía no puede ser real mientras no sea vigente todo el texto constitucional que le regirá y, por supuesto, se cuente con la Ley que la organice, a lo que se condiciona el inicio de vigencia de la norma constitucional.

En efecto, el artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 dispone:

DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo.”

La oposición de AMLO, por lo que entiendo, se refiere al mecanismo de designación del titular de la Fiscalía General y de los titulares de las Fiscalías Anticorrupción y Electoral, no a que la institución deba ser autónoma.

Se ha solicitado al candidato que obtuvo la mayoría de la votación, según la información difundida por las autoridades electorales, que apoye la modificación del procedimiento de designación para evitar que la independencia no resulte real, solicitud respecto de la que se ha manifestado en contra pero que no por ello significaría el alcance que parece que se le quiere dar a sus declaraciones.

¿Cuál es la situación actual de la Procuraduría General de la República (PGR) y de su transformación a Fiscalía (FGR)? Actualmente la PGR es una institución que depende del Poder Ejecutivo, siendo facultad del presidente la designación de su titular, la que debe ser ratificada por el Senado de la República. En términos del Transitorio Décimo Sexto, el titular de la PGR quedaría en forma automática como FGR al entrar en vigor la Reforma al artículo 102 Apartado A de la Constitución General de la República.

En este momento no hay un titular, sino que la PGR cuenta con un encargado, por lo que no podría operar lo que se ha llamado como pase automático.

Sin embargo, si se designara a un Procurador General de la República y no se logra modificar el transitorio de la reforma publicada en febrero de 2014 quedaría, en forma automática como titular de la Fiscalía, lo que no sería sano desde mi punto de vista.

De no modificarse el Décimo Sexto transitorio, el escenario deseable es que, sin designar al titular de la PGR, se expida la normatividad secundaria, se realice la declaratoria de que entra en vigor el texto constitucional y, con ello, surja como Organismo Público Autónomo la FGR. Si ello aconteciera así, se seguiría el procedimiento de designación previsto en el Apartado A del artículo 102 de la constitución federal.

De acuerdo con ese procedimiento, el Senado remitiría una lista de diez candidatos el Ejecutivo Federal, de esos diez candidatos el presidente de la República remitiría una terna a la Cámara de Senadores, de la que se designaría al titular de la Fiscalía.

Un escenario no deseable sería que el presidente saliente o el que asuma funciones designe, con la ratificación del Senado al titular de PGR para que en forma automática asuma el cargo de Fiscal General de la República.

Así, es posible afirmar que las declaraciones de AMLO no necesariamente implican una oposición a la existencia de una Fiscalía Autónoma y que, para lograr que ésta surja como una institución realmente independiente es necesario que el Congreso de la Unión expida la normatividad secundaria que la rija y que se haga la declaratoria de vigencia sin antes designar a un titular de la PGR.

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Ley de Seguridad Interior

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una de las disposiciones legales más controvertidas recientemente. Amerita un estudio serio y objetivo.

Seguramente será objeto de impugnación (ya ha sido anunciada la intención de promover Acciones de Inconstitucionalidad, independientemente de los juicios de amparo que vendrán en su contra).

Puede consultarse la ley en el siguiente vínculo.

 

Ley de Seguridad Interior

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Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de Justicia Cívica

Se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo 90/2017, con el que se expide el protocolo de actuación policial (SSP CdMx), en materia de justicia cívica.

Acuerdo 90 2017 por el que se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de Justicia Cívica

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Dictamen de la Ley de Seguridad Interior (Diputados)

El día de hoy se aprobó, por la Camara de Diputados, el dictamen de Ley de Seguridad Interior. Pasa al Senado para continuar con el trámite legislativo. Habrá que analizarlo con seriedad por ser un tema relevante para nuestro país.

 

Dictamen Cámara de Diputados Ley de Seguridad interior 30 de noviembre de 2017

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Sobre la decisión de acogerse o no al plazo constitucional

Es importante tomar la decisión correcta al momento de acogerse al plazo constitucional de 72 horas, su ampliación a las 144 horas o bien, solicitar que se resuelva sobre la Vínculación o no Vínculación a proceso inmediatamente después de la formulación de la imputación y de la oportunidad para declarar.
En la semana que concluye tuvimos noticia, el lunes, de que en audiencia inicial el Ministerio Público de la Federación, a través de sus agentes, tuvo una actuación que se reporta como deficiente en el procedimiento que se sigue a Javier Duarte. No pudo, según medios de comunicación, precisar aspectos fundamentales de la imputación. La defensa tuvo una actuación correcta según la información disponible.
La defensa se acogió al plazo de 144 horas para que se determinará la vinculación a proceso o su negativa.
¿Fue correcta esa decisión? Tras lo acontecido ayer tendríamos que contestar que no, pues los agentes del Ministerio Público acudieron con la preparación adecuada, con los elementos que le permitieron aportar los datos de prueba que el Juez consideró suficientes para vincular a proceso y para mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Hubiera sido mejor para la defensa la decisión de que se resolviera sobre la vinculación a proceso el lunes, cuando la Representación Social estaba golpeada seriamente, ante el Juez y ante la sociedad, y sin dar la posibilidad de que, como ocurrió ayer, se recuperará.
El gobierno federal ha declarado que no quiere poner en riesgo el respeto al derecho al debido proceso. Veremos si no se considera que, con los elementos aportados ayer, se vulnera la garantía de litis cerrada. Recordemos que puede reclasificarse el delito pero no los hechos materiales.
Si solamente se aportaron elementos para justificar la vinculación no habrá problemas, pero si se ampliaron los hechos imputados sí. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no deben variar, para efectos de sentencia, los hechos señalados en el auto de vinculación a proceso, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los hechos que se fijen en la vinculación a proceso no pueden variar respecto a los que fueron materia de la imputación.
Si el proceso no tiene un fin adecuado por este aspecto no será culpa del sistema acusatorio. Las normas existen antes de la actuación d ellas autoridades en el caso que nos ocupa, la autoridad debe respetarlas y no vale que se comporten como si los sorprendieran.

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Audiencia Inicial de Javier Duarte, nuevo riesgo de ataque al sistema acusatorio adversarial

El lunes 17 de julio llegó a México Javier Duarte. Se le extraditó para ser juzgado en México por diversos hechos que, se considera, encuadran en tipos penales diversos, ya del fuero común, ya del federal.
En medios de comunicación se ha hecho notar que la actuación de la Procuraduría General de la República fue deficiente al formular imputación en la audiencia inicial.
También se ha dicho mucho que podría enfrentar el proceso en libertad (pensando que no se le vinculara a proceso por delincuencia organizada).
Ambas situaciones parecen propicias para nuevos embates contra el sistema de justicia penal implementado hace muy poco tiempo en México.
Si la actividad de los agentes del Ministerio Público fue, en efecto, deficiente y si no pueden corregir y ello se traduce en una no Vínculación a proceso o a una eventual absolución, seguramente se echará la culpa al sistema. No debe ser así, es conveniente pensar estás cosas a partir de que se trata de una persona a la que se formula la imputación, que todavía no concluye la investigación, que tiene a su favor la presunción de inocencia y que, como en el caso de todos los gobernados, tiene que gozar del respeto a su derecho al debido proceso.
Puede haber fallas pero si el resultado no es el que la sociedad prevé, ello no quiere decir que sea algo atribuible al sistema. Pensar en eso nos llevaría a la conclusión de que es mejor tener un sistema deficiente que permita fincar responsabilidades en forma arbitraria que uno que respete derechos humanos.
Los errores pueden ser de los operadores y debe indagarse pero no lleguemos a la conclusión de qué hay que modificar el sistema.
Tampoco sería el caso en el supuesto de que se permitiera a Javier Duarte o a cualquier otro imputado, enfrentar el proceso en libertad (suponiendo que, a juicio del juez, se levante la prisión preventiva hasta ahora decretada). Lo importante es que se le imponga una medida cautelar efectiva, esa es la responsabilidad de la autoridad.
Aprovechar un caso como este para pretender justificar la reforma al sistema sería muy lamentable.

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