¿Derecho Administrativo Penal? El caso Silva Herzog

En diversos medios de comunicación se publicó la nota sobre el arresto impuesto al político mexicano Jesús Silva Herzog, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público. El arresto, de veinte horas, fue consecuencia de haber resultado positivo en la prueba de alcoholemia en uno de los puntos de revisión del programa “Conduce sin Alcohol”. El programa de referencia ha sido cuestionado en cuanto a su legitimidad, pues, principalmente adolece del vicio de que no existe mandamiento escrito de autoridad competente que permita molestar jurídicamente al gobernado (el obligar a una persona a someterse a la prueba es, evidentemente, un acto de molestia). No obstante lo anterior, considero que el programa es bien intencionado pues se orienta a la reducción de hechos de tránsito relacionados con personas en estado de ebriedad al volante. Dicho lo anterior, debemos suponer que ha logrado resultados pues la idea de resultar positivo y del consiguiente arresto administrativo (por ser la conducta ilícita una infracción de esa naturaleza y no un delito), seguramente ha reducido el número de personas que conducen en estado de ebriedad y, en consecuencia, de los accidentes y daños a las personas y a los bienes. Volviendo al caso en comento, con gran preocupación leí la nota publicada en el periódico Reforma, firmada por Ricardo Rivera y que lleva como nombre “Sale Silva – Herzog de ‘El Torito’”. El motivo es que se hace referencia a información proporcionada por el Director de Justicia Cívica del Distrito Federal, en el sentido de que el también ex candidato al gobierno del Distrito Federal, salió faltándole cumplir 10 horas con 20 minutos de la sanción impuesta mediante un amparo tramitado con un coyote. Grave es que un Director de Justicia Cívica confunda un amparo con una suspensión de los efectos del acto reclamado concedida en los autos de un juicio de amparo. También grave es que, sin expresar motivos para ello califique a una persona, de la que proporciona nombres y apellido, como coyote. Lo peor es que se le atribuye haber dicho que “Herzog debe 10 horas con 20 minutos de su arresto inconmutable y la Consejería Jurídica podría ordenar su reaprehensión para finales de noviembre” (aclaro que lo anterior se le atribuye directamente en la nota que se comenta pero no aparece en forma de cita textual). Posteriormente y la nota maneja el texto a manera de cita textual, se dice que el funcionario afirmó: “La semana que entra nos enteraremos si es que él fue a ratificar su amparo, que lo seguro es que no lo haga. Nosotros estaremos esperando que por ahí a finales de noviembre el Juzgado de Distrito gire su orden de reaprehensión”. Posiblemente esté pecando de exigente en el análisis de las declaraciones pero considero que es grave que un servidor público informe en forma incorrecta y con intención de provocar miedo a la población tergiversando la naturaleza de las medidas y sanciones. De la nota se desprende que afirma, el Director de Justicia Cívica del Distrito Federal, que Silva Herzog tramitó un amparo a través de un coyote y que, como seguramente no ratificará la demanda, la Consejería dice primero y después que el Juez de Distrito, ordenarán su reaprehensión. Es imperdonable que una persona encargada de la Justicia Cívica en la Capital del País, se exprese de esta manera. Habría que informarle que:

  1. No es lo mismo una infracción administrativa que un delito.
  2. Por la infracción administrativa, en términos de la dispuesto por el artículo 21 de la Constitución General de la República, la sanción puede ser de arresto hasta por treinta y seis horas como máximo.
  3. Para el libramiento de una orden de aprehensión, que únicamente corresponde emitirla a la autoridad judicial, se requiere que se trate de un hecho que la ley sancione con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo señalado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se trata de hechos que puedan ser constitutivos de delitos. Se aclara que la reaprehensión es un mandamiento judicial que se libra en causas penales en las que previamente se dictó orden de aprehensión.
  4. Una infracción administrativa, aunque se sancione con arresto, no puede dar lugar a órdenes de aprehensión o reaprehensión pues el arresto no es una pena privativa de la libertad.
  5. La Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal no es autoridad judicial, por lo que no puede dictar orden de aprehensión o reaprehensión en ningún caso. Puede dictarse, a través del Juez Cívico una orden de presentación, pero no de las que antes se mencionan.
  6. El Juez de Distrito que conoce del amparo tampoco puede ordenar la aprehensión o reaprehensión del gobernado pues no estamos ante conducta de relevancia penal (no es un posible delito).

Estoy de acuerdo con que las sanciones administrativas deben imponerse y aplicarse a las personas que cometan las infracciones. Lo que no puedo aceptar, y en consecuencia rechazo, es que una autoridad pretenda tratar a una persona que infringió una norma administrativa como si se tratara de una persona que tuviera otro tipo de responsabilidad a enfrentar. Nótese que no quiero decir que me quejo de que trate al infractor como delincuente, pues tampoco es válido que a una persona que encara una imputación y un procedimiento penal tampoco debe ser tratado como tal, máxime que debe prevalecer la presunción de inocencia. Si un Juez de Distrito niega el amparo o resuelve el sobreseimiento (o incluso si tiene por no presentada la demanda del juicio de garantías por no haberse ratificado), debe cumplirse el arresto en lo que ha quedado pendiente, eso lo comparto. Lo inaceptable es que se dirija la autoridad al gobernado con el discurso de que se le va a aprehender o reaprehender, pues eso significa que, o estamos ante un “terrorismo” administrativo o ante una gran ignorancia de la autoridad. Ambas situaciones preocupantes.

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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