Reforma Constitucional en materia de Amparo (2a. Parte)

Al haberse aprobado la reforma constitucional en materia de amparo por las Cámaras que integran al Congreso de la Unión se realizaron comentarios al respecto en este blog. En ese momento faltaba la aprobación por los congresos de los estados, lo que ya se ha logrado. De hecho, el día de ayer (3 de junio de 2011) se firmó el decreto de reforma por el Ejecutivo Federal .

En esa ocasión me referí principalmente a la modificación de la fracción II del artículo 107, es decir, al cambio en materia de lo que se conoce como la “Formula Otero”, es decir, al principio de relatividad de las sentencias.

Ahora me referiré a otros puntos de la reforma constitucional. Por lo que hace al artículo 103, se establce que los Tribunales de la Federación resolverán, entre otras, las controversias por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la CPEUM y por Tratados Internacionales (fracción I). Claramente se amplía la procedencia del amparo a los casos en que se alegue violación a derechos humanos y a tratados internacionales. Se trata de una reforma plausible porque antes se limitaba a la posible vulneración de garantías individuales. Así, el gobernado tiene acceso a los medios de control constitucional, concretamente al juicio de amapro para un mayor y mejor respeto a su esfera de derechos.

Por lo que hace al artículo 107, encontramos que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada. se amplía ésta a quien aduce ser titular de un derecho o interés legítimo individual o colectivo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Evidentemente se abre la posibilidad, en términos generales, para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, como varios puntos de la reforma constitucional, es necesario esperar a la reglamentación en ley secundaria para valorar el avance real de la reforma.

En tratándose de resoluciones de tribunales se mantiene el requisito de que el acto reclamado cause un agravio personal y directo.

En relación a la modificación del principio de relatividad de las sentencias, el comentario ya se hizo en este blog en la entrada denominada “Reforma Constitucional en materia de Amparo”

La fracción III prevé que en el amparo directo se analizarán las violaciones cometidas en el fallo o las procesales que trasciendan al mismo. En los casos en que opere la suplencia de la deficiencia de la queja el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir sobre las violaciones que advierta oficiosamente. La novedad es que las violaciones que no se hicieron valer por el quejoso ni por el Tribunal, no podrán tomarse en cuenta en otro juicio de amparo. Por lo menos se pone un límite al nefasto “amparo para efectos”.

Otra de las novedades a la que me referiré (no es objetivo del presente comentario tocar todos los puntos de la reforma) es la creación de la figura del “amparo Adhesivo” a favor de la persona que haya obtenido resolución favorable y para la que tenga interés jurídico en la subsistencia del acto reclamado. Esta nueva institución, por encontrarse dentro de la fracción III del artículo 107 inciso a), procede para la subsistencia de sentencias y resoluciones que ponen fin al juicio.

El “amparo adhesivo” básicamente lo veo como una sustitución de la figura del tercero perjudicado en el amparo directo. Habrá que esperar a ver la reglamentación que se haga en la ley y los criterios jurisprudenciales para ver si se va a manejar como la actual revisión adhesiva en la que por ser accesoria del recurso “principal”, sólo se analiza al haberse declarado fundados los agravios expresados por el recurrente primario.

También en el inciso a) de la fracción III del artículo 107 se prevé el principio de definitividad pero en lugar de hablar de excepciones se habla de que la ley permita renuncia de los recursos (recordemos que hablamos de sentencias definitivos o resoluciones que ponen fin al juicio)

En la fracción X del artículo 107 constitucional, referente a la suspensión, se establece la obligación para que si la naturaleza del acto lo permite, se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Es evidente que es una modificación importante. Se dice que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora son los aspectos que deben considerarse para la concesión de medidas cautelares. Lo que busca la reforma es que haya un equilibrio entre los derechos del agraviado con los de la sociedad, es decir, se procura evitar abusos en la concesión de la suspensión de los efectos del acto reclamado que, recordemos, busca preservar la materia del juicio. En teoría es una buena modificación, lamentablemente abre la puerta a la negativa arbitraria o por motivos políticos para la negativa de la medida cautelar, pues no tenemos la seguridad de que efectivamente se realizará el análisis ponderado.

En materia de amparo directo se mantiene la suspensión en forma amplia y efectiva, pues dice el texto modificado de la fracción X, en su párrafo segundo que “Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo …”

Otro de los temas novedosos lo encontramos en la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General de la República. Se trata de la creación de la figura de los “Plenos de Circuito”.

Los Plenos de Circuito conocerán y resolverán sobre las contradicciones de tesis cuando procedan de tribunales del mismo circuito. Si las resoluciones en materia de contradicción de tesis son opuestas a las de otros Plenos, resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalando la tesis que debe prevalecer.

La reforma busca, evidentemente, agilizar le resolución de las contradicciones de tesis. Considero que no necesariamente es conveniente la modificación. La Corte ha, desafortunadamente, dejado de conocer y resolver muchos temas con el afán de consolidarse como tribunal Constitucional pero no deja de ser el Tribunal más alto de la Nación. El dejar que los Plenos de Colegiados resuelvan las contradicciones de tesis aleja a la Corte de la sociedad y la justicia que se le imparte. La medida además será funcional en materia local, pues las leyes de un circuito sólo las interpretará el Pleno del mismo, pero no los casos de disposiciones generales federales, es muy `probable que subsistan contradicciones entre los plenos de distintos circuitos del país y terminarán llegando a la Corte pero no sabemos cuánto tiempo después.

Algo que considero acertado en la derogación de la fracción XIV del articulo 107 de la Ley Fundamental, referente ala caducidad de la instancia en los juicios de amparo en asuntos del orden civil o administrativo.

La idea de que las violaciones constitucionales quedaran sin resolución por inactividad procesal era algo muy lamentable pues no deja de ser por ineficiencia del Estado, por no resolver los asuntos en términos de ley. En forma congruente ya no se habla del tema de la caducidad en la fracción XVI, relativa al cumplimiento de las sentencias pero en forma absurda se sigue hablando del mismo en la fracción II (dice que no procede en perjuicio de núcleos ejidales o comunales o de los ejidatarios o comuneros el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia cuando, por la derogación de la fracción XIV desaparecería la figura).

El éxito o fracaso de la reforma depende de la reglamentación en ley secundaria y de los criterios jurisprudenciales que se generen. Esperemos que constituya un avance real para la consolidación del tan deseado estado democrático de derecho en México.

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Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
Esta entrada fue publicada en Amparo, Poder Judicial de la Federación, Reforma constitucional, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Guarda el enlace permanente.

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