La Corte Penal Internacional frente a la Constitución Mexicana y la acusación contra el titular del Ejecutivo Federal

En la Facultad de Derecho de la UNAM se me preguntó qué pasaría si ante una eventual acusación ante la Corte Penal Internacional se promoviera un juicio de amparo ante los tribunales mexicanos por parte del imputado (se planteaba la figura del titular del Ejecutivo Federal).

El problema es complejo, pues la pregunta tenía relación con la regulación que en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se hace respecto al reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Por un lado hay que señalar que México firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (instrumento ratificado por el Senado de la República) por lo que es Estado Parte, con los derechos y obligaciones inherentes. Sin embargo, hay que tener presente que originalmente no se había firmado por considerarse inconstitucional, básicamente en lo relativo a la garantía establecida en el artículo 23 de la CPEUM (nadie puede ser Juzgado dos veces por el mismo delito).

En términos del artículo 15 de la propia Constitución no se autoriza la celebración de tratados que se traduzcan en disminución de las garantías que la norma constitucional prevé. Por ello no podía reformarse válidamente el mencionado artículo 23. Para solucionar lo anterior se incluyó en el artículo 21 de la Constitución General de la República el texto que aparece en el párrafo octavo, que a la letra dice:

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.”

Lo anterior quiere decir que depende del caso concreto si hay reconocimiento ante la Corte Penal Internacional. Evidentemente es inusual, pues lo procedente es reconocer en forma permanente dicha jurisdicción.

El Estatuto de Roma prevé, sin embargo, que por el simple hecho de ser Parte se reconoce la competencia de la Corte. Lo anterior en términos de lo señalado por el artículo 12, que en el numeral 1 dispone:

“Artículo 12 Condiciones previas para el ejercicio de la competencia

1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5….”

Por su parte el artículo 5 dice:

“Artículo 5 Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.”

En término del artículo 12. 1  México, al haber celebrado y ratificado el instrumento internacional en comento acepta la competencia de la Corte Penal Internacional sin limitación alguna, sobre todo considerando que el artículo 120 del mencionado Estatuto prevé:

“Artículo 120 Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.”

Tenemos entonces un grave problema entre la posible actuación de la Corte Penal Internacional ante la eventual imputación a un mexicano en el caso de que el Ejecutivo Federal y el Senado de la República no reconozcan en el caso concreto la jurisdicción de la Corte frente al reconocimiento que implica, en términos del propio Estatuto, al haberse celebrado y ratificado el instrumento mismo.

No es un problema menor. Pensemos en que la imputación se realiza al titular del Ejecutivo Federal. Sería fácil burlar a la Corte simplemente no reconociendo el Titular del Ejecutivo la jurisdicción del tribunal internacional, con lo que lograría la impunidad dicho sujeto. Precisamente por eso el Estatuto de Roma no admite reservas.

Por lo anterior considero que el problema sería más bien fáctico. La Corte podría ejercer sus atribuciones pero sin la colaboración del Gobierno de México, máxime si éste se apoya en una resolución de un Órgano Jurisdiccional de Control Constitucional, lo que dificultaría en gran medida el procesamiento del imputado. Tal vez tendría que esperarse a que abandonara el país al estilo de lo ocurrido en su momento con la solicitud de extradición de Pinochet (que España solicitó a Inglaterra).

Otro problema a considerar, ya en otro tenor, es en relación con la imputación hipotética que se plantearía contra el titular del Ejecutivo Federal (en la consulta que se me hizo en la Facultad).Consideremos que se trata de una denuncia respecto a los muertos que ha habido durante el sexenio con motivo de la lucha contra la delincuencia organizada.

Entrando al fondo, y tomando como un supuesto meramente teórico el planteamiento anterior pienso que no hay elementos para pretender llevar el asunto ante la Corte Penal Internacional. Ello deriva de las siguientes consideraciones.

En primer lugar partimos de que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria respecto a la Nacional, es decir, sólo ante la negativa o imposibilidad de las autoridades nacionales para investigar o enjuiciar los hechos, o bien, si ya fue juzgada la persona pero que el proceso se estime que se realizó para sustraer al acusado de su responsabilidad o no se hubieren respetado las disposiciones procesales  en circunstancias incompatibles con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia (artículos 17 y 20 del Estatuto de Roma).

Así, tratándose de delitos competencia de la Corte Penal Internacional, debe verificarse antes que nuestro país no está dispuesto a investigar y enjuiciar las conductas que hipotéticamente se imputarían. Pero además se tendría que tratar de algún delito de los que son competencia de la Corte, lo que a mi juicio no ocurre.

Recordemos que, de conformidad con el artículo 5 del estatuto, los delitos competencia de la Corte son: genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen de agresión (la Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Artículo 5 Estatuto de Roma).

No tendría ningún fundamento hablar de genocidio, crímenes de guerra ni el de agresión (sobre todo considerando la parte final del artículo 5 que aparece en el paréntesis en el párrafo anterior). Por lo que hace a los crímenes de Lesa Humanidad, centrémonos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que dice:

“Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;…

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;…”

La hipotética imputación contra el Titular del Ejecutivo no podría ser ubicada en los Crímenes de Lesa Humanidad pues no ha habido actos realizados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

No puede decirse que el Gobierno Mexicano ha privado de la vida a las personas que cotidianamente se señala, sino que son muertes que han ocurrido en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, y no como parte de un ataque generalizado y sistemático del gobierno. No se minimiza ninguna muerte pero tampoco podemos decir que el titular del Ejecutivo las produjo.

Difícilmente se podría concebir la posibilidad de que la Corte Penal Internacional pudiera enjuiciar al titular del Ejecutivo Federal por las razones expuestas.

Como de costumbre se señala que es un punto de vista personal y que es, ante todo, respetuoso de los que difieran al respecto.

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Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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