Prisión preventiva y la reforma al artículo 19 Constitucional de 2011

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha sido reformada, en lo concerniente al sistema de justicia penal, recientemente en forma constante. En el 2008, por decreto publicado el 18 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se modificaron diversos artículos, entre ellos el 19 (como parte de la inclusión del sistema penal acusatorio).

El artículo 19, junto con algunos párrafos del 16, 17, el 20 en su totalidad y párrafos del 21, quedaron en vacatio legis hasta en tanto se reformara el marco legal para la implementación de la reforma, lo que deberá ocurrir a más tardar en ocho años a partir de la publicación contados a partir del día siguiente de la misma.

Cabe hacer notar que se prevé, en los artículos transitorios, que el inicio de la vigencia no será simultáneo en toda la República, por lo que las entidades federativas o el propio Congreso de la Unión, en la medida en que expidan la normatividad necesaria podrán acelerar la entrada en vigor del sistema penal acusatorio.

Desafortunadamente las reformas no se logran con el cuidado deseado, dando lugar a resultados en que la incertidumbre jurídica desconcierta a autoridades y, sobre todo, a los gobernados.

Lo anterior porque el decreto de reforma constitucional mencionado dispone, en el artículo transitorio Segundo que:

El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución entrará en vigor cuando lo establezca a legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. 

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificadones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema
procesal penal acusatorio. La Federación,
los Estados y el Distrito Federal adoptaran el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o
por tipo de delito.
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el
párrafo anterior, los poderes u órgano
legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una dedaratoria que se publicara en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el s¡stema procesal penal acusatorio ha sido
incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales

…”

Por su parte el artículo transitorio Tercero señala:

No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes…”

Hasta ese momento no hay problema, estamos en tránsito al sistema penal acusatorio adversarial. Sin embargo, por decreto publicado en el DOF el 14 de julio de 2011, se modifico el párrafo segundo del 19 de la CPEUM, que recordemos está en vacatio legis, para quedar como sigue:

Artículo 19. “…

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

…”

El artículo Primero transitorio dispone: “El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

…”

Así, el cambio a partir del decreto de julio de 2011 le limitó a incluir del delito de Trata de Personas dentro del listado de delitos que acarrean la prisión preventiva de forma oficiosa. EL problema es que debió decir en las disposiciones de tránsito que entraría en vigor respecto de las legislaciones en que ya estuviera en vigor el sistema penal acusatorio, quedando en vacatio legis en las que todavía no se implementara.

El día de ayer (21 de enero de 2013) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que no era aplicable el texto que limita la prisión preventiva mientras no entre en vigor el sistema penal acusatorio. La votación fue de seis votos contra cinco.

La SCJN será criticada por resolver en tal sentido, pues se hacía valer que siendo una reforma que ampliaba el ámbito de libertad de los gobernados debía aplicarse en términos de lo dispuesto por el artículo tránsitorio citado del decreto de 14 de julio de 2011.

Pienso que la SCJN resolvió en forma acertada. Es claro que se trata de una reforma con técnica legislativa pésima, y que nunca fue la intención del Constituyente Permanente la de adelantar el inicio de la vigencia del párrafo segundo del articulo 19 de la CPEUM.

En efecto, si pensamos en que el decreto de reforma de 18 de junio de 2008 dispone que sistema procesal penal acusatorio está previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución y que sujeta la entrada en vigor de estos dispositivos legales a que se haya hecho la modificación necesaria a la ley secundaria para tal efecto, es evidente que no se quería adelantar un párrafo aislado y fuera del contexto de la implementación del sistema de justicia acusatorio.

Habría que analizar la finalidad de la reforma de 2011 al artículo 19. ¿Tuvo como finalidad adelantar la entrada en vigor del párrafo segundo del artículo 19 constitucional en forma aislada o buscó hacer posible la existencia de una Ley General contra la Trata de Personas y que la persona  que lo cometa sea sujeta a prisión preventiva? Hay que hacer notar que mientras entra en vigor la reforma constitucional de 2008 citada la prisión preventiva procede para todos los delitos con pena privativa de la libertad así que no se busco el cambio constitucional para el sistema actual sino para el que se busca implementar. La lógica es entonces que la modificación al segundo párrafo del artículo 19 entre en vigor al momento en que lo haga el artículo 19 completo.

Anuncios

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
Esta entrada fue publicada en Derecho procesal penal, Poder Judicial de la Federación, Proceso Penal, Reforma constitucional, Sistema acusatorio adversarial, Suprema Corte de Justicia de la Nación y etiquetada , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s