El Arraigo y la Suspensión en la nueva Ley de Amparo

El día 20 de marzo de 2013 se aprobó por el Senado de la
República el Dictamen de Ley de Amparo, previamente aprobado por la
Cámara de Diputados. Se trata de una ley que llega con años de
retraso, pues la reforma constitucional en material de amparo
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 6 de
junio de 2011 incluyó figuras importantes que quedaron sin
aplicabilidad real al inicio de la vigencia de la modificación a la
Ley Suprema por falta de reglamentación.

Se ha hablado mucho de temas como la de los efectos generales en caso de
inconstitucionalidad de normas generales, de la inclusión del tema
del interés legítimo para ampliar la noción tradicional de interés
jurídico, de la limitación en materia de amparo para efectos
tratándose de amparo directo, etcétera.

Me ocuparé de un tema muy específico, la suspensión de los efectos del acto reclamado en
relación con la figura del arraigo. Debemos recordar que el párrafo
octavo del artículo 16, a partir de la reforma de 18 de junio de
2008, prevé la figura del arraigo para los asuntos vinculados a la
delincuencia organizada. Dicho dispositivo dispone, en lo
conducente:

Artículo 16. … La autoridad judicial, a
petición del Ministerio Publico y tratándose de delitos de
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona,
con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que
pueda exceder de cuarenta dias, siempre que sea necesario para el
éxito de la investigación, la protección de personas o bienes
jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse,
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del
arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Se aprecia claramente que el arraigo se limita a los casos de delincuencia
organizada (recordemos que el artículo Décimo Primero Transitorio
del decreto publicado en el DOF autoriza la procedencia de la
medida cautelar en comento para delitos graves en tanto entra en
vigor el Sistema Penal Acusatorio), y está condicionado a:

a) Que sea necesario para el éxito de la investigación.
b) Que sea necesario para la protección de personas o bienes jurídicos.
c) Cuando exista riesgo fundado de sustracción de la justicia por parte del inculpado
.

No se tratará en este momento el tema de la legitimidad del arraigo, pues
ya ha sido analizado previamente. Lo que debe estudiarse es la
regulación constitucional frente a la ley de amparo aprobada,
concretamente en materia de suspensión.

La procedencia del arraigo no es únicamente para el caso en que se pueda dar la sustracción de
la justicia, sino además, en términos del párrafo octavo
transcrito, para la protección de personas o bienes jurídicos y
para impedir que se obstaculice la investigación.

Por lo que hace a la suspensión en la Ley de Amparo recién aprobada, encontramos que
sin referirse expresamente al arraigo, se reglamenta el efecto de
la suspensión si el acto reclamado consiste en la orden de
privación de la libertad o la prohibición de abandonar una
demarcación geográfica, conceptos identificables con la medida
cautelar del arraigo. El artículo 162 del dictamen de Ley de Amparo
aprobado dispone:

Artículo 162.Cuando el acto reclamado
consista en una orden de privación de la libertad o en la
prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión
tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según
sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas
que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia,
entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante
quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De
acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener
como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el
domicilio del quejoso.

Se reconoce que hay una muy buena intención al establecer que la suspensión en el caso de
amparo contra Arraigo tendrá el efecto de impedir la ejecución o
hacer cesar la ejecución, en su caso. Sin embargo, es criticable
que, aparentemente, el legislador olvidó que el Arraigo no sólo
procede ante el caso de que el inculpado pueda sustraerse de la
justicia, pues se limita a decir que la autoridad judicial ordenará
las medidas para impedir que se evada, pero no refiere nada a la
protección de personas o bienes jurídicos ni a buscar evitar que se
obstaculice la investigación.

Se podrá decir que para esos casos se
aplica el segundo párrafo del artículo 162 al ordenar que se
ejecute la privación de libertad en el domicilio del quejoso pero
haciendo la interpretación completa del artículo da la impresión de
que es para el caso de que no pueda tomar medidas para impedir que
el inculpado se evada y no para proteger personas o bienes y para
buscar el éxito de la investigación. En el caso del artículo 162,
párrafo segundo, ¿al no impedir o hacer cesar la ejecución de la
orden de privación de libertad, opera la suspensión?

Pareciera que únicamente se trata de una modalidad de la ejecución del acto
reclamado y no de una medida que busque evitar que se consume de
manera irreparable la violación a Derechos Fundamentales hecha
valer.

Finalmente, hay que tener presente que el Arraigo, en
términos del artículo 16 de la Constitución General de la
República, está autorizado para delincuencia organizada. La
suspensión, en los casos que el juez considere que no es
conveniente impedir la ejecución u ordenar el cese de la ejecución
de la orden de Arraigo implicará el arraigo en el domicilio del
quejoso. ¿Estará la autoridad preparada y con la estructura
necesaria para implementar de esa forma la medida cautelar en
comento?

Es difícil el tema porque pudiera generarse la apariencia
de que con estas palabras se busca facilitar el trabajo de la
autoridad en perjuicio del goce de los derechos del gobernado, Esa
no es la idea que orienta estas palabras. Se trata de buscar el
equilibrio entre los intereses de la sociedad y los del
justiciable.

Para dicho equilibrio no basta con la creación de
figuras que posibiliten la actuación de las autoridades en la lucha
contra la delincuencia (como el Arraigo) o que protejan al
gobernado para lograr el respeto efectivo a sus derechos (como es
el caso de la suspensión en el amparo contra el Arraigo), sino que
debe procurarse que las medidas sean compatibles y que respondan a
la misma lógica.

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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