La Reforma Patishtán

Nuevamente estamos viviendo días lamentables por lo que hace a nuestro sistema de justicia y a la actuación de nuestras autoridades.

Es necesario aclarar que estas líneas no se escriben contra Alberto Patishtán o por considerarlo responsable de los delitos por los que se le condeno. No conozco el (los) expediente (s) por lo que no estoy en aptitud de manifestar si es inocente o no. En el primer caso celebro que una persona que no ha cometido delitos sea liberada. Lo criticable es que la liberación acontezca trece años después de haber sido privado de la libertad. Es muy grave que, lo más seguro, es que hayan prescrito las acciones legales contra los que provocaron la situación que se remedia con el indulto que se anunció por el presidente de la República.

Sin embargo, es necesario hacer una crítica al sistema. Por un lado pensemos en las autoridades encargadas de la procuración y la impartición de justicia, en los Tribunales de Control Constitucional. Para todos ellos se demostró que Alberto Patishtán cometió los delitos de homicidio calificado (en agravio de siete elementos policiacos) lesiones, robo, daños y postración de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas (según reporta el periódico reforma en su ejemplar del día 31 de octubre de 2013). Insisto, no conozco expediente alguno pero llama la atención que para tantas autoridades esté demostrada su participación y que se haya procedido a una reforma express al Código Penal Federal (CPF) para permitir un indulto.

De existir pruebas que acrediten que hubo violaciones a los derechos humanos de Alberto Patishtán tendríamos una conducta encubridora por tribunales, lo que deja en muy mal lugar al Poder Judicial de la Federación (PJF), pues no es aceptable que, habiéndose agotado todos los medios de defensa nadie haya reconocido la violación a tales derechos.

Se me hace difícil creer que haya violaciones manifiestas a derechos humanos y que ninguna autoridad del PJF las haya hecho valer. Sin embargo, los abogados de Patishtán y Organizaciones No Gubernamentales tomaron un papel muy importante para lograr su liberación. Algo debe haber para que se haya llegado al punto en que nos encontramos.

A pesar de que celebro la liberación de una persona que, al parecer, es inocente, no puedo dejar de criticar lo que me parece totalmente rechazable. La reforma al CPF para introducir un supuesto de indulto que es contrario a los normas que regulan a nuestro sistema de justicia.

Se adicionó el artículo 97 bis al CPF, que dice:

Artículo 97 bis.- De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
 
El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.” (Publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de octubre de 2013).

Para hacer en forma correcta la crítica a la reforma debemos partir de lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en lo conducente dispone:

Artículo. 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales…”

Las leyes privativas con creadas para una persona o caso en concreto y están prohibidas tajantemente por la CPEUM. Al no hacer distinción se debe entender que tanto si benefician como si perjudican al gobernado. Por ellos la reforma por la que se adiciona el artículo 97 bis al CPF es inconstitucional por ser una norma privativa. Por haber sido expedida con la finalidad de liberar a Alberto Patishtán es que la designo como la “Reforma Patishtán”.

El problema no es sólo la violación a los dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Federal, sino que lleva implícito un mensaje antidemocrático. Se supone que vivimos en un régimen de separación de poderes pero éste se debilita brutalmente cuando el Ejecutivo puede descartar las resoluciones de los tribunales. Es decir, las sentencias de los tribunales pierden fuerza legal al poder ser superadas por una decisión del presidente de la República. No hay respeto al PJF ni a del Distrito Federal con la reforma que se critica.

La reforma señala que se requerirá haber agotado los medios de defensa internos y que entonces, ante “indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada”, procederá el indulto. Se obliga al gobernado a agotar todos los recursos ante el poder judicial para que después el Ejecutivo pueda indultar. Lo cierto es que si hubo violaciones graves a derechos humanos no se tendría que hablar de un indulto sino de alguna forma de reparación.

Es interesante también que se condiciona el indulto a que existe “dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas”. Lo anterior quiere decir que si no se cuenta con ese dictamen no importa que haya habido violaciones graves a los derechos humanos. Eso es absurdo.

La Reforma Patishtán se elaboró en forma express, algo que es poco frecuente en nuestro sistema. Prácticamente en una semana se aprobó por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, se promulgó, y se anuncia que el día siguiente a la publicación se otorgará el indulto (se podía haber hecho desde ayer pues entró en vigor el día de la publicación). No puede decirse que no es una reforma con dedicatoria (independientemente de la situación de la persona a la que se beneficia).

Alberto Patishtán parece ser que ha sido víctima por haber estado trece años privado de la libertad. Se violan principios y normas fundamentales para liberarlo pero de cualquier forma seguirá siendo una persona con el señalamiento de que es responsable por varios delitos. Lo perdonan y queda como penalmente responsable aunque se extinga la responsabilidad penal, queda como delincuente. Esto no puede más que confirmar que nuestros sistema político y de justicia están muy mal.

Se debilita al PJF y, sore todo su credibilidad y la fuerza de sus resoluciones; la seguridad jurídica y la Cosa Juzgada  se relativizan. Se deja a Patishtán en libertad pero con la declaración de responsabilidad penal. Por no haberse reformado el artículo 98 del CPF saldrá libre pero con la obligación de reparar el daño (artículo 98. “El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño”). Todos perdemos.

Podemos decir que la máxima autoridad en materia de derechos humamos en México, incluso por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal Constitucional, es el Presidente de la República.

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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