El arraigo de Amado Yáñez por el caso “Oceanografía”

El día de ayer (24 de marzo de 2014) se hizo pública la obtención de una orden de arraigo emitida, a solicitud del la Procuraduría General de la República, contra Amado Yáñez, persona a la que se ha identificado como dueño de la empresa Oceanografía, señalada como una sociedad con la que se pudieron haber cometido diversos delitos.

La noticia podría parecer normal, considerando los montos que se manejan en cuanto a los delitos patrimoniales, pero es extraña si se analizan algunos aspectos relacionados con la normatividad que rige al arraigo y con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la nación al resolver una Acción de inconstitucionalidad relacionada con la figura del arraigo en el estado de Aguascalientes.

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad y Justicia. Dentro de los artículos modificados encontramos el 16, en el que, entre otros cambios, se incluyó la figura del arraigo pero restringiendo su aplicación a los delitos de la delincuencia organizada.

A partir de esa reforma, según reportó en su momento Fernando Ramírez de Aguilar del periódico El Financiero (25 de febrero de 2014), el Pleno de la Suprema Corte, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 54/2012, determinó que la facultad para regular el arraigo compete sólo a la Federación, toda vez que el artículo 16 contempla que sólo procede dicho mandamiento judicial por delitos de delincuencia organizada (cabe aclarar que, por reforma contenida en el decreto antes mencionado, la Facultad para legislar en relación con esta forma de organizaciones se reservó a la Federación).

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que era inconstitucional la ley del estado de Aguascalientes al regular el arraigo, en virtud de que el tema de la delincuencia organizada sólo es facultad del Congreso de la Unión y el arraigo únicamente procede para los delitos de la misma.

Con lo criticable que pueda ser lo previsto por el artículo Décimo Primero Transitorio del decreto de reforma constitucional aludido, la Suprema Corte parece que ignoró que este dispositivo de tránsito autoriza la regulación del arraigo para delitos graves en tanto entra en vigor la reforma al sistema de justicia, por lo que podría ser válida la norma que declararon inconstitucional.

Después se determinó que las pruebas obtenidas por el arraigo no tendrán valor, por lo que es muy importante no aplicar esta medida cautelar en forma injustificada (se insiste, a partir del criterio de la Corte, únicamente se justifica para delincuencia organizada).

Sin embargo lo determinado es que se carece de facultades para regular y, en consecuencia, aplicar el arraigo para delitos que no sean de delincuencia organizada. Esto no sólo es aplicable a las autoridades locales, sino que también debe impactar al ámbito federal en relación con los delitos que no se vinculen con delincuencia organizada.

A pesar de ello, se anunció el arraigo contra Amado Yáñez, sin que se haya manejado que se concedió por delitos de delincuencia organizada. De hecho, según publica el periódico Reforma, en una nota que se intitula: “Aún sin delito preciso contra Yáñez”, el Procurador Murillo Karam, en conferencia de prensa, negó que Yáñez sea sujeto de averiguación previa. Se le cita en forma expresa en la nota referida de la siguiente forma:

Aquí se le arraiga para determinar las condiciones, no tengo un delito precisado, en consecuencia, hasta que no esté el delito fijado no lo puedo señalar como indiciado“.

Veo un problema en este punto. Si no es indiciado, ¿habrá lugar al arraigo (pensando en que ni siquiera se tiene precisado el (los) delito (s) que se podría (n) imputar)?

Recordemos que para conceder un arraigo debe tratarse de delito de delincuencia organizada pero además ser necesaria la medida para proteger personas o bienes jurídicos, asegurar el éxito de la investigación o que el inculpado no se evada de la justicia. En el caso que nos ocupa, por no tenerse el delito precisado, parece que no se habla de delincuencia organizada. Todavía no tienen a la persona arraigada como indiciada, así que tampoco podría ser el caso de que quieren evitar la evasión del inculpado. Se dice en la nota del Reforma que el Procurador Murillo aseveró que se trata de proteger valores superiores (bienes jurídicos). Como valores superiores se menciona el trabajo de 11 mil personas en Oceanografía.

Hace algunas semanas se informó sobre el aseguramiento e intervención de la empresa, por lo que no se percibe claramente la necesidad de la medida cautelar. Además, no se habla de delincuencia organizada, por lo que el arraigo que se aplica no sería válido.

Si la Suprema Corte estableció que las pruebas obtenidas durante el arraigo carecen de valor probatorio, ¿no estará dinamitando la Procuraduría su propia investigación?.

No nos extrañe que, de no justificarse que Yáñez sea miembro de la delincuencia organizada, se consideren ilícitas las pruebas que se obtengan durante estos 40 días del arraigo. Considero que se está jugando con fuego.

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Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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Una respuesta a El arraigo de Amado Yáñez por el caso “Oceanografía”

  1. H. Zayas dijo:

    Me gustaría contribuir a su reflexión, compartiendo el considerando de la AI 28/2012 relativo a los efectos de exclusión de pruebas obtenidas durante el arraigo, dictado por el Pleno el pasado mes de febrero.

    Pienso que es importante dar difusión al mismo, puesto que medios de comunicación erroneamente han indicado que la SCJN ha decidido que todas las pruebas obtenidas durante el desarrollo de la medida se encuentras enervadas. Lo cierto es que la SC estableció que quedará a criterio del juzgador determinar cuáles pruebas son las que carecerán de valor probatorio, dotando a la defensa de una serie de incertidumbres.

    En la discusión de la AI se puso como ejemplo que aquella confesión obtenida con asistencia de abogado defensor, o periciales digitales no habrían de excluirse, mientras que otras en las que existiera mayor probabilidad de violación a DH no deberían ser excluídas.

    Yo pienso que es un tanto desafortunada la redacción ¿Usted qué opina?

    Sexto Considerando

    (…)

    “Y adquiere efectos generales retroactivos por tratarse de una disposición general emitida por el
    Congreso local, debiendo corresponder en cada caso al juzgador determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con el arraigo,
    dado que dicho valor no se pierde en automático por la referida declaración de invalidez”.

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