Reforma en materia de Secuestro

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 3 de junio del 2014, la reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley en Materia de Secuestro) y al Código Penal Federal, modificando la punibilidad para los delitos previstos en la primera y para incluir la excepción, por cuanto hace a dichos delitos, en cuanto al límite máximo de duración de la pena de prisión en el segundo ordenamiento mencionado.

Es importante dejar en claro que es fundamental el combate al delito, sobre todo de los más graves. Sin embargo, las reformas deben respetar los parámetros, principios, criterios, políticas generales. Hay que atacar también la excepcionalidad en las leyes, sobre todo en las penales, pues son las que representan la forma más grave de reacción jurídica del estado frente a las conductas de los gobernados.

Lamentablemente no hay congruencia entre la reforma que se comenta con otros ordenamientos, concretamente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Es imposible entender la lógica de una reforma en 2014 a una ley reglamentaria de un precepto constitucional que se aleja tanto de lo dispuesto por otra norma de la Ley Fundamental,

En efecto, en 2008 y 2011 se reformó el artículo 18 de la CPEUM para establecer que el sistema penitenciario buscará la reinserción social del delincuente sobre la base del respeto de los derechos humanos y teniendo como medios para el tratamiento al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Textualmente, en lo conducente, el artículo 18 establece, en la parte conducente:

Artículo 18. …

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley...”

Es una reforma que es positiva pues establece la obligación al Estado de dar el trato y tratamiento adecuado a los internos, estableciendo que debe buscarse, en toda ejecución de la pena de prisión, liberar en algún momento a la persona con la expectativa de que no vuelva a delinquir.

No se prevé en el texto constitucional excepción en relación con la finalidad de la pena para ningún caso, por lo que cualquier pena tiene que otorgar la posibilidad de la obtención de la libertad aunque sea a largo plazo. Sin embargo, la reforma a la Ley en Materia de Secuestro eleva las punibilidades tanto que se llega a la imposibilidad material del cumplimiento total de la misma y, por supuesto, de la búsqueda de la reinserción social.

Como ejemplo se cita el artículo 11 de la Ley del Secuestro, que a la letra dice:

Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa

No es razonable pensar que si a una persona que actualice la hipótesis transcrita, por ejemplo, a los dieciocho años de edad, se le impone una pena de cien años será reinsertado en la sociedad. Esto hace ver que las normas no tienen congruencia en su emisión.

Para evitar que la sanción por el delito de secuestro fuera contraria al CPF se modificó el artículo 25 para incluir la excepción al límite de la pena de prisión para quedar como sigue:

Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo, no aplicará para los delitos que se sancionen con lo estipulado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya duración máxima será la que marque dicha Ley.”

Es absurdo que se haga el cambio al CPF para evitar que sea contrario a la Ley en Materia de Secuestro pero no les importe que la última sea violatoria de la CPEUM. 

¿Cómo puede cumplirse con este mandato constitucional si se establecen en las leyes penales penas que hacen imposible la obtención de la libertad? La respuesta es que no es factible dar cumplimiento a dicho imperativo. Con la reforma que se comenta se vulnera la CPEUM al reglamentar un dispositivo del mismo ordenamiento. Es lamentable

 

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Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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