Sobre la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Penal (Diciembre de 2016)

Se encuentra en trámite, en el Senado de la República, una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de Justicia Penal. El proceso legislativo inició con la Iniciativa presentada por miembros de la Cámara de Senadores provenientes de distintos partidos, lo que deja la idea de que ya fue negociada entre diversas fuerzas políticas en la Cámara Alta.

Suscribieron la iniciativa los Senadores CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ARMANDO RÍOS PITER, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, LILIA MERODIO REZA, RAÚL GRACIA GUZMÁN. Considero incorrectos algunos aspectos de la reforma e insuficiente la justificación que pretende sustentar el cambio constitucional.

La Iniciativa plantea modificación a los artículos 16, 19, 20, 73 y 107 de la CPEUM.

En cuanto al artículo 16 se propone la eliminación de la figura del arraigo desprendiéndose que se busca que tener un marco más amplio de protección a los derechos humanos. Todo esfuerzo o medida en ese tenor debe verse como algo positivo. En diversas ocasiones me he pronunciado en cuanto a que la medida cautelar del arraigo no es necesariamente rechazable, pero, lo que es inaceptable es el abuso que se ha llegado a presentar. Con la supresión del arraigo se termina con la posibilidad del mal uso, por lo que es positivo el cambio. El problema es que no es gratuita le modificación pues no implica que se protegerá en mejor forma la libertad de los gobernados pues, como se verá después, se pretenden cambiar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión, facilitando su emisión, por lo que se reduce al ámbito de protección al respecto.

Independientemente de lo anterior, es incorrecta a forma en que se plantea la propuesta de reforma pues, por ejemplo, en la página 3 de la Iniciativa se expresa:

Así pues, en la propuesta que ahora se pone a consideración del Congreso de la Unión, proponemos la definitiva eliminación de la figura del arraigo del párrafo octavo del artículo 16 constitucional. Correlativamente, dado que el arraigo solamente era aplicable a delitos definidos como de delincuencia organizada, ya no resulta relevante contar con una definición expresa en el texto constitucional sobre los alcances de esa figura. En conclusión, se propone también la eliminación del párrafo noveno del artículo 16 constitucional que define actualmente lo qué debe entenderse por delincuencia organizada.”

Sin embargo, al presentarse un cuadro comparativo del texto actual y del que buscar lo sustituya solamente se resalta la derogación del párrafo octavo, lo que se repite en el proyecto de decreto que, en lo conducente, dice:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA PENAL

 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos tercero, sexto y décimo cuarto del artículo 16, eliminando octavo, recoriéndose( SIC) los subsecuentes en orden cronológico;el artículo 19; la fracción VII del apartado A del artículo 20;los incisos b) y c) de la fracción XXI del artículo 73; el quinto párrafo de la fracción II y el inciso c) de la fracción V del artículo 107.Se adiciona un segundo párrafo al  inciso b) de la fracción III al artículo 107.Se deroga la fracción XII del artículo 107; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Puede apreciarse que dice que se reforman los párrafos tercero, sexto y décimo cuarto del artículo 16, eliminando el octavo y recorriéndose los siguientes. Sin embargo, la exposición de motivos también dice que se deroga el párrafo noveno, que es el que define a la delincuencia organizada. Incluso, en el mencionado proyecto de decreto aparece únicamente como derogado el párrafo octavo.

Más allá de lo meramente formal, es delicado que se diga que ya no tiene sentido la definición de la figura de delincuencia organizada por la supresión que se propone de la medida cautelar del arraigo, pues si bien es cierto que ya no se daría esa figura que hoy es privativa del arraigo, también lo es que hay otros aspectos que son delicados por restringir derechos fundamentales para los miembros de las organizaciones delictivas (artículos 18 –internamiento en establecimientos especiales, limitación a los traslados para que se cumplan las penas en lugares cercanos al de origen-, 20 – posibilidad de no informar el nombre de quien declare en contra del inculpado y la posibilidad de dar valor a actuaciones de la investigación para no producir la prueba en el juicio oral- y aunque no es una figura del orden penal, la extinción de dominio prevista en el  22 de la CPEUM).

Cuando se buscó que se incluyera la definición de delincuencia organizada en la CPEUM fue para evitar que en leyes secundarias su pudiera definir y modificar de forma fácil al tipo.

Preocupante la modificación que se pretende realizar al artículo 16 en cuanto a dos de las tres formas de detención previstas en dicho numeral. Por lo que hace a la orden de aprehensión, en forma desafortunada se intenta cambiar los requisitos para su libramiento. Actualmente se requiere de datos de prueba que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión (hecho que debe ser sancionado con pena privativa de la libertad)

Argumentando que la dificultad para entender lo que los datos de prueba implican y que la orden de aprehensión debe verse como una forma de conducción ante el juez, se propone que el texto del párrafo tercero del artículo 16 quede así:

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella y, se establezca la probabilidad de la existencia del hecho que la Ley señale como delito y de la intervención de la persona en él.

Se suprime la necesidad de que se establezca la comisión del hecho y se sustituye por la probabilidad de la existencia del mismo y de la intervención del activo. Es una disminución del estándar probatorio pero lo más delicado es que se elimina el requisito consistente en que el delito tenga pena privativa de la libertad. Así, aún y cuando se considere que la orden de aprehensión es una simple forma de conducción del inculpado ante el juez, se permitiría la restricción de la libertad aún para delitos con sanción diversa a la prisión. En estos casos ni con la condena se podría restringir la libertad personal pero procedimentalmente sí, es inaceptable.

Por lo que toca al caso urgente, se propone eliminar el requisito de que se trate de delito grave, por lo que aún para delitos sin pena privativa de la libertad procedería la orden de detención por urgencia, toda vez que los requisitos serían los siguientes:

Sólo en casos urgentes, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, siempre que se actualicen los mismos supuestos para solicitar una orden de aprehensión, determinar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. “

Si para la orden de aprehensión no se requiere que se trate de delito con pena privativa de la libertad y para el caso urgente se tendrían que actualizar los mismos supuestos, tampoco se requeriría de ese tipo de sanción.

En el artículo 16 se incluye el aspecto de la geolocalización, que podría ser autorizada por un juez. Este aspecto lo justifican de conformidad con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el artículo 19 se propone la eliminación del auto de vinculación a proceso. En ese sentido no veo perjuicio, toda vez que no es una resolución que se traduzca en una afectación de derechos. En todo caso el agravio la causa la resolución en que se impone la prisión preventiva.

Se sigue hablando de que debe justificarse la detención y se hace referencia a que se pueden imponer medidas cautelares y los requisitos para   su procedencia. Al hablase en forma general del tema ya no se reglamentaría constitucionalmente la prisión preventiva. Si bien puede parecer un acierto, es desafortunado porque se abre la posibilidad a que el juez estime procedente la medida para cualquier delito, desapareciendo los límites que planteó la reforma constitucional de 2008.

Al desaparecer el auto de vinculación a proceso ya no se trataría la litis cerrada como hoy, sino que se haría referencia a la congruencia entre la acusación y la sentencia.

En forma positiva se suprime lo relativo a la suspensión del cómputo de la prescripción en los casos de delincuencia organizada cuando se conceda la extradición o el procesado evada la acción de la justicia (tras haber sido vinculado a proceso, figura que, como ya se dijo, también se suprimiría).

A efecto de no saturar con citas, se incorpora a la presente publicación un vínculo al archivo que contiene el texto de la Iniciativa en comento.

El artículo 20 de la Constitución General de la República sería modificado solamente para que, en relación con el procedimiento abreviado, se hable de la acusación y no de la imputación.

Por lo que toca al artículo 73 fracción XXI Constitucional se busca cambiar la regulación de la delincuencia organizada para que no se trate solamente como un tema de competencia de la Federación. Con ello se volvería a dar atribuciones para su investigación y persecución a las autoridades locales, pero en aplicación de una Ley Nacional.

Uno de los temas más delicados de la reforma planteada es en materia de amparo penal. Si bien se reconoce la necesidad de buscar que el juicio de amparo no funcione de manera que obstruya la debida tramitación del procedimiento penal, lo cierto es que los cambios los considero prematuros.  Pienso que primero debe consolidarse la implementación del sistema acusatorio y después reformar el juicio de Amparo.

En el artículo 107 se suprimiría la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal (algo correcto si pensamos en que, por tratarse de un procedimiento adversarial, caracterizado por igualdad de armas, no sería aceptable dar ventajas a ninguna de las partes, pero, se insiste, no es el momento para suprimir la suplencia pues todavía hay deficiencias que superar en operadores del sistema.

Tratándose de amparo indirecto se establecería que solamente procedería en materia penal contra actos u omisiones fuera del juicio oral que priven de la libertad personal de modo irreparable y habiéndose agotado los recursos ordinarios.  Se argumenta que las posibles violaciones a la ley darían lugar a nulidades y que el juez natural tiene la atribución de decretarlas por lo que es amparo debe ser un recurso extraordinario limitado  a temas como prisión preventiva y sentencias definitivas pero, reitero, mientras no esté consolidado el sistema pienso que no es el momento.

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Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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Una respuesta a Sobre la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Penal (Diciembre de 2016)

  1. Alejandro dijo:

    Al parecer y siendo el siglo XXI ; Hoy dìa por el orden comunitario, se sugerido estar al día. 2017

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