Sobre la Sentencia de Amparo Directo dictada a Sentenciado por el Homicidio cometido en agravio de José Francisco Ruíz Massieu

Se ha dado a conocer, en diversos medios de comunicación, que se otorgó el Amparo de la Justicia Federal a un quejoso que fue condenado por considerársele responsable  penalmente de la muerte del político mexicano. Se trata de hechos que tuvieron alto impacto social por lo que, probablemente, la resolución causará un sentimiento de frustración en un amplio sector de la sociedad. Por ello, consideramos conveniente hacer referencia a los motivos por los que se dictó la sentencia en los términos dados a conocer, para que no quede en la información escasa que puede incluir un reporte de noticias.

La resolución fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Juicio de Amparo Directo Penal 24/2016, habiendo sesionado para resolución el dos de febrero de 2017.

Recordemos que José Francisco Ruíz Massieu fue privado de la vida el día 28 de septiembre de1994. A la persona a la que se señaló como autor material se le aseguró en flagrancia. Tras realizarse la averiguación previa se ejercitó la acción penal en su contra, poniéndolo a disposición del juez de la causa, el día 29 de septiembre de ese año (según describe la sentencia que se comenta). Así, se consignó estando detenido al inculpado 1 (así nos referiremos al quejoso en el juicio de amparo referido y que es al que se señaló como autor material). Sin embargo, también se solicitó orden de aprehensión contra los coinculpados, dentro del que se encuentra el inculpado 2 (coprocesado al que se le señala como instigador).

Estando a su disposición del Juzgado de Distrito, se realizó la diligencia de Declaración Preparatoria respecto del inculpado 1, dictándose posteriormente el Auto de Formal Prisión en su contra y la orden de aprehensión contra el inculpado 2).

Hasta este punto no se aprecia problema respecto a violaciones a la Constitución que trasciendan al fallo según lo expuesto por el Tribunal Colegiado de Circuito. El problema empieza cuando se ejecuta la orden de aprehensión dictada contra el inculpado 2 y se le pone a disposición del juez, pues le asistió como defensora la misma persona que tenga el cargo respecto del inculpado 1, a pesar de que existía conflicto de intereses, lo que imposibilitaba que contaran con defensor común.

Refiere la sentencia que, por haber ese conflicto de intereses, los actos de defensa durante la primera instancia y la interposición del recurso de apelación contra la sentencia, estuvieron a cargo de diferentes defensores (en ambos casos a cargo de la Defensora Pública Federal). Esto con excepción de las diligencias de declaración preparatoria y de la que se desarrolló para la práctica de los careos constitucionales en que asistió la misma persona a ambos inculpados.

Si bien es cierto que el compartir defensa en la Declaración Preparatoria es un vicio importante del procedimiento, el agravio lo sufre, en ese momento procedimental el inculpado 2 pues al momento en que se verificó la diligencia para el inculpado 1 no había otro encausado cuya defensa tuviera a su cargo su abogada. En la diligencia de careos constitucionales hay una vulneración de derechos fundamentales para ambos. No obstante lo anterior, por considerar que la violación al derecho de defensa adecuada no es absoluta en primera instancia, no se otorga el alcance de invalidar la sentencia de primera instancia como efecto de la dictada en el Amparo Directo. Se aclara que, en al misma fecha se sesionó un amparo relacionado en el que, quizá se pudo resolver otra cosa (si se trataba del del inculpado 2, pues su declaración preparatoria si estuvo afectada por el conflicto de intereses, pues al haber sido asistido por la misma persona que defendía al inculpado 1 la violación al derecho de defensa es mayor).

Lo que motiva la concesión del amparo es que, a pesar del conflicto de intereses, ambos inculpados compartieron defensa durante la segunda instancia. Es correcto, desde nuestro punto de vista, lo resuelto por el Tribunal Colegiado. No es posible considerar que se tuvo una defensa adecuada cuando la misma persona representa intereses en conflicto. Ello, como lo refiere el propio Órgano de Control Constitucional, se encuentra tipificado por el Código Penal Federal. Por el transcurso del tiempo es evidente que ha operado la prescripción de la acción penal pero no deja de ser grave la situación (la sentencia de apelación es de fecha 19 de septiembre de 1996 por lo que hace más de 15 años que se extinguió la pretensión punitiva en función de la punibilidad y las reglas que rigen al instituto de la prescripción).

No puede tenerse como respetado el derecho al debido proceso si los inculpados tenían una defensa compartida con quienes tienen intereses opuestos, incluso, en al especie, llegando al extremo de que el inculpado 2 hacía imputación directa contra el inculpado 1.

Por lo anterior se estima acertado el otorgamiento de la Protección de la Justicia Federal al quejoso pero deja un sabor amargo en cuanto a la idea de la impartición de justicia en el país. Se trata de un caso de alto impacto social, de un caso que se juzgó 20 años atrás y hasta ahora llega la resolución para que se reponga el procedimiento. Claro, se podrá decir que es porque el quejoso tardó 20 años en promover el juicio de amparo y eso es cierto (Por eso se entiende que en la ley de amparo ya exista un plazo, suficientemente amplio, para la promoción del juicio de garantías).

Si bien se podrá decir que el control constitucional tardó por no haberse ejercido la acción de amparo antes, lo cierto es que, como el Tribunal Colegiado de Circuito lo hace ver es que tampoco se hizo nada respecto al señalamiento de actos de tortura y eso sí se podía haber enfrentado por las autoridades desde el momento en que se señaló.

A mayor abundamiento, el inculpado 1 refiere que fue torturado para realizar los hechos y conmovido de la detención. Por lo que hace al primer aspecto, se determinó que no aportó pruebas y que le correspondía por ser imputada la conducta a particulares. Sin embargo, en el segundo punto, en el relativo al señalamiento de tortura con motivo de la detención, sí correspondía a las autoridades la investigación sobre su posible existencia. El amparo no se concede por estimar que la posible tortura haya trascendido al fallo pero se da vista a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que procedan a su investigación. Con el tiempo transcurrido la viabilidad material y jurídica de la investigación parece que será limitada.

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir quedes acertado el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito al conceder el Amparo al quejoso. Para terminar, citaremos los efectos de la resolución, pues se ordena al Tribunal Unitario de Circuito:

“1. Deje insubsistente la sentencia reclamada.

2. Reponga el procedimiento de segunda a partir del acuerdo por el que tuvo recepcionado el escrito de agravios de un sólo defensor a fin de que se otorgue oportunidad al amparista para designar a nuevo defensor, o bien se le designe a uno de oficio  distinto al que patrocinó a suscosentenciados;

3. Hecho lo cual, prosiga con la secuela procesal  hasta dictar sentencia definitiva, con la única  limitante de que en esa nueva resolución debe acatarse el principio de no reformatio in peuis“.(Pág. 47 de la sentencia).

Para quienes estén interesados en analizar el tema con mayor profundidad, dejo a su disposición la versión púbica de la resolución.

Sentencia Amparo Directo 24:2016

 

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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