Sobre el procedimiento de extradición de Javier Duarte

Con motivo del procedimiento de extradición de Javier Duarte es conveniente tener presentes algunos aspectos, que son a los que nos referiremos en este texto.

En diversos medios de comunicación se ha mencionado que el abogado del inculpado mencionado puede consentir la extradición. Ello, sin duda, abonaría a las especulaciones que hay respecto a una negociación entre el gobierno y Duarte, sobre todo por el momento electoral que se vive en el país.
Sin entrar al tema de afirmaciones sin elementos, podría ser más conveniente para el gobierno que el extraditarle se opusiera pues, de prolongarse el procedimiento lo más posible, en caso de que la captura tenga efectos reales a nivel electoral sería por partida doble. En este momento, con la noticia de la detención por lo que hace a elecciones locales, como la del Estado de México. Si se resolviera la extradición favorablemente para nuestro país en un año, el efecto aplicaría también para las elecciones federales de 2018.

¿Por qué habría de consentir la extradición? Esto tendría diversas respuestas, como podrían ser:
Que en Guatemala no puede obtener libertad durante el procedimiento de extradición y aquí podría tener la expectativa de enfrentar el procedimiento en libertad. Situación que se considera difícil pues depende de los delitos que se imputen. Si, en efecto, hay orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada procedería la prisión preventiva de oficio.
Que apueste a lograr soluciones alternas (acuerdos reparatorios, principalmente) o a terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado). Es complicado que se actualice, aunque sea por algunos delitos, el logro de estas figuras por el descontento social que hay respecto del inculpado. Podría actualizarse por ciertos delitos pero se estima que no por todos los que se le pudieran imputar.
Para lograr establecer un límite a los delitos por los que se le pueda juzgar. Es quizá la respuesta más lógica de las que podemos proponer en este momento.

Respecto a la última idea, es importante no olvidar disposiciones que rigen el procedimiento. Así, en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala (TRATADO), encontramos que el trámite a seguir será de acuerdo con la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición de Guatemala, pues así lo dispone el TRATADO, que dispone:

“ARTÍCULO DECIMOPRIMERO
TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE EXTRADICION
1. La solicitud de extradición será tramitada de conformidad con la legislación de la Parte Requerida.
…”
Además, el TRATADO prevé la posibilidad de que el sujeto cuya entrega se solicita consienta la extradición, con lo que se pondría a disposición del gobierno mexicano al inculpado sin dilación. En la parte conducente, el instrumento internacional en comento dice:

“ARTÍCULO DECIMO
EXTRADICION SUMARIA CONSENTIDA POR EL RECLAMADO
Si la persona reclamada acepta voluntariamente ser extraditada, la Parte Requerida deberá entregarla inmediatamente a la Parte Requirente, para ponerla a disposición de las autoridades judiciales competentes de ésta.”

El TRATADO regula la limitación en el sentido de que se se puede juzgar solamente por los delitos por los que se ha concedido la extradición, salvo que fueran cometidos con posterioridad. También se puede juzgar por delitos previos en caso de que el Estado requerido manifieste su conformidad. Establece la norma a que se ha hecho referencia:

“ARTICULO DECIMOQUINTO
REGLA DE ESPECIALIDAD
1. La persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente por un delito distinto a aquél por el cual se concedió la extradición ni tampoco será extraditada a un tercer Estado, a menos que:
a) no haya abandonado el territorio de la Parte Requirente dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere estado en libertad de abandonarlo;
b) hubiere abandonado el territorio de la Parte Requirente después de su extradición y haya regresado voluntariamente a él; o
c) la Parte Requerida hubiere otorgado su consentimiento para que la persona sea detenida, juzgada, sancionada o extraditada a un tercer Estado por un delito distinto a aquél por el cual se concedió la extradición.
Estas disposiciones no se aplican a delitos cometidos después de la extradición.”

En lo que toca a la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición (LEY), destaca lo siguiente:

“Artículo 3. Allanamiento o entrega voluntaria. La persona contra la que se dirija el procedimiento de extradición podrá allanarse a la solicitud o entregarse voluntariamente al Estado Requirente en cualquier momento del procedimiento, incluso antes de la presentación formal de la solicitud. El tribunal que conoce del procedimiento, una vez recibida le declaración, sin más trámite, pondrá a la persona reclamada en extradición a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que éste coordine con la autoridad del Estado solicitante y se verifique la entrega inmediata.
.…
Artículo 4. Efectos del allanamiento o entrega voluntaria. El allanamiento a la solicitud formal de extradición o entrega voluntaria al Estado Requirente suspenderá el procedimiento de extradición pasiva para quien se allane.
La petición de allanamiento o de entrega voluntaria deberá ir acompañada de la renuncia expresa a cualquier recurso o acción interpuesta ante cualquier órgano jurisdiccional o constitucional.”

“Artículo 27. Ampliación a la solicitud del Estado Requirente. Los Estados Requirentes podrán modificar o ampliar las solicitudes de extradición o de detención provisional presentadas al Estado de Guatemala a través de la vía diplomática. De igual forma, Guatemala podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones que estime necesarias; en ambos casos, hasta antes de iniciada la audiencia correspondiente.



Cuando el Ministerio Público estime que la información y documentos requeridos no afecten el fondo de la solicitud, pedirá al Tribunal la fijación de la audiencia, de conformidad con el procedimiento estipulado en la presente ley.”

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que es importante que la petición formal de extradición incluya todos los delitos que se le puedan imputar, máxime para el caso de que el sujeto que se reclama consienta con la extradición y así no se limite la posibilidad de la aplicación de la ley penal. En el supuesto de que el allanamiento a la pretensión del gobierno mexicano fuera previo a la solicitud formal, en términos de artículo 27 se tendría que ampliar la petición.

Independientemente de lo anterior y para tener una visión de lo que está pasando, se transcriben algunas disposiciones de la LEY.
“Artículo 2. Derechos y garantías del requerido. Durante el procedimiento de extradición, las personas tendrán derecho a nombrar un defensor y, en su caso, un traductor; de no hacerlo se nombrará uno de oficio.
En ningún caso, la resolución que decida el procedimiento de extradición hará mérito sobre la inocencia o culpabilidad de la persona sujeta a procedimiento de extradición, ni ésta podrá ser valorada en su contra.
Desde el momento en que se le haga saber la causa que motivó su detención, el requerido y su defensor podrán obtener copias simples de la solicitud y de la documentación presentada por el Estado Requirente, así como de cualquier otro documento disponible relacionado con el procedimiento de extradición, dejándose razón en el expediente.
Artículo 10. Funciones del Organismo JudicIal. Corresponde al Organismo Judicial, a través de los órganos jurisdiccionales competentes decidir, con exclusividad, sobre la procedencia de la extradición pasiva que promueva el Ministerio Público.

Serán competentes para decidir sobre la procedencia de la extradición pasiva los tribunales de sentencia con competencia en materia penal que tengan su sede en la ciudad de Guatemala, según las normas de asignación que disponga la Corte Suprema de Justicia. Tendrán competencia los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal de Turno de la ciudad de Guatemala, para resolver las peticiones de las medidas urgentes de coerción.

El tribunal deberá comunicar por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores toda resolución que se tome en un procedimiento de extradición en un plazo no mayor da tres días.

La denegatoria de la extradición pasiva obliga al Estado de Guatemala, a través de los órganos correspondientes, a ejercer la persecución y acción penal en los casos que sea procedente conforme al tratado, convenio, arreglo internacional o el derecho interno.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE EXTRADIClÓN CAPÍTULO I
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN PASIVA

Artículo 13. Requisitos de la solicitud. La solicitud formal de extradición pasiva deberá cumplir con los requisitos establecidos en el tratado, convenio o arreglo internacional; cuando dichos instrumentos no contemplen requisitos específicos, se deberá establecer que como mínimo, se haya acompañado la siguiente documentación:

Cuando el individuo es solamente un acusado sindicado o imputado una copia auténtica de la orden de detención, emanada de juez competente.
Una relación precisa del hecho imputado, una copia de las leyes penales aplicables a éste; así como de las leyes referentes a la prescripción de la acción o de la pena.
Ya se trate de condenado, sindicado, imputado o acusado, y siempre que fuere posible, se remitirá la filiación y demás datos personales que permitan identificar al individuo reclamado. Las medidas de coerción real que requiere sean impuestas a la persona reclamada.
En todo caso, la solicitud de extradición que cumpla con los requisitos que contemplan los tratados, convenios o arreglos internacionales o, en su defecto, los estipulados en este artículo, conlleva implícita la solicitud del Estado Requirente de tramitar la aprehensión de la persona reclamada en extradición.

Artículo 14. Solicitud de detención provisional. El Estado interesado podrá solicitar al Estado de Guatemala, a través de la vía diplomática, la detención provisional de una persona, informando sobre la existencia de una orden de aprehensión y asegurando que en el plazo establecido en el arreglo internacional presentará la solicitud formal de extradición.
La privación de libertad de la persona detenida provisionalmente dentro de este procedimiento no estará sujeta a ninguna medida que la sustituya, y durará hasta que se lleve a cabo la entrega del extraditado o se resuelva en definitiva sobre la improcedencia de la solicitud de extradición.
Artículo 17. Audiencia. Una vez detenida la persona pedida en extradición, el Ministerio Público solicitará en un plazo que no exceda de dos días, en forma verbal o escrita, que se fije la audiencia para resolver el pedido formal de extradición, la que deberá celebrarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, contados a partir del momento del que fue requerida. Entre la notificación y la realización de la audiencia deberán mediar por lo menos tres días.
En la audiencia participaran el Ministerio Público, el requerido, su abogado defensor y, en su caso, el intérprete.

Artículo 19. Comparecencia de las partes a la audiencia. El día y hora señalado para la audiencia, el juez verificará la presencia de las partes; si todos estuvieren presentes declarará abierta la audiencia, explicará el objeto de la misma y procederá a la recepción de los medios de prueba.


Artículo 20. Desarrollo de la audiencia de extradición. La audiencia para decidir la procedencia de la solicitud de extradición, se desarrollará de la siguiente manera:
El Presidente del Tribunal otorgará la palabra, en su orden, al Ministerio Público, a la defensa y al Requerido, para que se manifiesten en relación con la solicitud formulada, ofrezcan e incorporen los medios de prueba correspondientes.
Al concluir la recepción de la prueba, se recibirán los alegatos finales de las partes. Concluidas las intervenciones, el Tribunal resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición.

Artículo 21. Oposición a la solicitud. La oposición a la solicitud de extradición solamente se podrá formular en la audiencia para decidir sobre la procedencia de la misma, celebrada ante el juez competente.

Artículo 22. Requisitos de la resolución que decide la extradición. La resolución que decide la procedencia del requerimiento de extradición, contendrá:
Los datos de identidad de la persona solicitada en extradición, con indicación del Estado Requirente.
La relación sucinta de los hechos por los cuales otorga o deniega la solicitud de extradición; Los fundamentos de hecho y de derecho en que funde la decisión, y, en su caso, el valor asignado a las pruebas.
Las medidas que garanticen la entrega del requerido, cuando se otorgue la extradición, o el cese de las medidas de coerción si la misma fuere denegada.
Las condiciones, cuando fueran aplicables, en virtud del convenio o tratado, que deba observar el Estado a favor de quien se otorgó la solicitud de extradición. No se podrá condicionar la entrega del solicitado a la imposición de una pena determinada.
La decisión sobre el destino de los bienes patrimoniales que hubieran sido afectados en el procedimiento de extradición.

Artículo 23. Recurso de apelación. Contra la resolución que decide la procedencia o improcedencia de la extradición, la parte que se considere agraviada podrá interponer, únicamente, el recurso de apelación ante la Sala de la Corte de Apelaciones competente.
El recurso de apelación se interpondrá por escrito, dentro del término de tres días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad. Otorgada la apelación, y hechas las notificaciones, se elevarán las actuaciones originales, a más tardar, a la primera hora laborable del día siguiente.
Vencido el plazo para hacer uso del recurso de apelación, la resolución del Tribunal de Primera Instancia queda firme y ejecutoriada.

Artículo 24. Competencia de la sala. El recurso de apelación permitirá a la sala el conocimiento del procedimiento solo en cuanto a los puntos a que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal confirmar, modificar o, en su caso, revocar la resolución.

Artículo 25. Decisión sobre el recurso de apelación. La decisión de la Sala de la Corte de Apelaciones no admitirá recurso alguno. Quedan a salvo de esta disposición, las garantías constitucionales correspondientes.
Artículo 28. Cese de las medidas de coerción. Las medidas de coerción serán revocadas, cuando:
El Estado Requirente no formule el requerimiento de extradición en el plazo establecido en el tratado, convenio o arreglo internacional. En el caso de que estos no fijen un plazo, se entenderá que el mismo es de 40 días, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará al Estado Requirente al momento de conocer de la primera comunicación referente a un pedido de extradición.

La persona requerida se allane conjunta o separadamente a la solicitud de extradición, en cuyo caso; si fuere pertinente, se tomarán las medidas que garanticen la entrega y traslado.

Artículo 29. Entrega del requerido. Firme el fallo que decretó la extradición, el Tribunal competente, a través de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, lo comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y pondrá a su disposición al detenido, así como los efectos o valores de la persona reclamada sobre los que hubiere recaído medida de coerción, en caso de que éstos no se hubieren entregado con anterioridad.


El acuerdo gubernativo, refrendado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá emitirse en un plazo que no exceda los quince días a partir de la comunicación de la resolución judicial. Si el acuerdo gubernativo no es emitido en la fecha indicada, se entenderá que la extradición ha sido concedida y se procederá a la entrega de la persona requerida.
Verificados los trámites anteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará los aspectos logísticos de la entrega física del extraditable con la misión del Estado Requirente acreditada en el país. Las autoridades guatemaltecas correspondientes y el Ministerio Público deberán prestar todo el apoyo que dentro de su competencia les sea requerido por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la entrega del solicitado.

…”

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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