El Sistema Penal Acusatorio en tiempos de Posverdad

El día 28 de febrero del 2017, por invitación del Dr. Eduardo López Betancourt, participé como comentarista de la conferencia del Dr. Juan Manuel Lacruz López, que es Profesor y director del Departamento de Derecho penal y Criminología de la Facultad de Derecho, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. El tema de la ponencia del Dr. Lacruz fue ¨Política criminal y movimientos migratorios en tiempos de posverdad“.

En esa ocasión me pronuncié en contra de la posverdad, desde la denominación, la que se retoma por ser una noción ya aceptada para referirse a aquello que se presenta como real sin serlo. En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, según lo anunciado, se definirá como: “Se referirá a aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, “sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público“(La palabra “posverdad” entra al diccionario de la Real Academia Española 2017)[1]

En realidad, se trata de manipulación de la verdad, de afirmaciones que se presentan como verdad y que se utilizan para que las decisiones que se tomen tengan legitimidad. Se presenta algo en tal forma que la propia sociedad pide que se tomen medidas que no serían bien vistas sin el trato tendencioso de la información.

Eso es lo que enfrentamos ahora ante las declaraciones constantes sobre el sistema penal acusatorio y su relación con la incidencia delictiva. De nuevo el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONGAGO), según información difundida en medios, afirma que gracias al nuevo sistema de enjuiciamiento penal hay quince mil delincuentes libres.

Es muy delicado lo que afirma el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pues parece que no tiene presente que, en cualquier Estado Democrático de Derecho, el sistema penal debe ser orientado por principios que no pueden, ni deben, ignorarse. Tal es el caso de la Presunción de inocencia. Si esas quince mil personas no han sido juzgadas, ya por haber recurrido a salidas alternas (suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios), ya por haber recurrido a terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado), no se les puede tener como delincuentes.

Sin embargo, la tendencia es más a la crítica al sistema de medidas cautelares, específicamente en lo tocante a la prisión preventiva. Se reporta que se hace valer que personas que han cometido delitos con armas de fuego quedan libres porque no se les impone esta medida.

Según lo informado, se busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para ampliar la procedencia de la prisión preventiva y con eso facilitar mayor eficacia en el control social. Empero, la autoridad debe ser eficaz sin atropellar derechos humanos y no a costa de los mismos.

Se reitera que debe respetarse la presunción de inocencia por lo que si a una persona no se le impone prisión preventiva en la audiencia inicial (que tiene verificativo en etapa de investigación), no puede afirmarse válidamente, que es un delincuente que queda libre, pues no ha sido juzgado y se le debe tener como inocente.

Es preocupante que se haga valer que delitos cometidos por personas armadas no llevan a prisión preventiva y que por ello hay más delincuentes libres. Consideremos que la CPEUM prevé que la medida en comento procede de oficio (para ciertos delitos) y a petición del Ministerio Público en algunos casos. Nos dice el primer párrafo del artículo 19 de la CPEUM:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

Del texto constitucional se desprende:

  1. La prisión preventiva a petición del Ministerio Público (MP) procede cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para cumplir con los mismos fines.
  2. El Ministerio Público tiene que acreditar lo anterior, por lo que si no se impone la prisión preventiva es porque el MP no acreditó la necesidad de la prisión preventiva o el juez no valoró correctamente lo presentado por el órgano de acusación. EL problema es de uno de los operadores del sistema no del sistema per se.
  3. Debe existir un sistema integral de medidas cautelares, no querer recurrir a la prisión preventiva como la única medida cautelar efectiva.
  4. La prisión preventiva ya procede (de forma oficiosa) para los casos de delitos cometidos con armas de fuego, por lo que si los imputados están en libertad por la no imposición de esta medida cautelar es porque los operadores no han aplicado correctamente la norma.

La ley debe aplicarse en forma respetuosa de los derechos humanos. El sistema está diseñado en forma correcta.  Si las autoridades no están a la altura, hay que hacer que lo estén y no bajar de nivel la ley

[1] La palabra “posverdad” entra al diccionario de la Real Academia Española. (2017). Clarin.com. Retrieved 3 July 2017, from https://www.clarin.com/sociedad/palabra-posverdad-entra-diccionario-rae_0_BJmid674Z.html

 

Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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