Sobre la declaración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en relación con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Libertad Provisional Bajo Caución y la eventual liberación de personas.

Dentro de los ataques constantes que está recibiendo el sistema acusatorio adversarial en México, al culpársele del aumento de la cantidad de delitos cometidos, encontramos una declaración que se ha presentado por los medios de comunicación y en las redes sociales que, es importante tener presente pero, sobre todo, no descontextualizarla. Se trata de lo que se ha presentado como el dicho del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en torno a la posible liberación de procesados como consecuencia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recordemos que, en el sistema mixto, la prisión preventiva procedía para todos los delitos sancionados con pena privativa de libertad, salvo que fuera alternativa. Así, el dictado del auto de formal prisión implicaba, en automático, la justificación de la detención durante el proceso. Sin embargo, para delitos no graves procedía el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Así, si la ley no lo prohibía por la gravedad del delito, el procesado podía obtener la libertad provisional (aunque estaba previsto que podía negársele, en el caso de delitos no graves, si con ese beneficio existía un riesgo para el ofendido o para la sociedad o si la persona había sido condenada por la comisión de un delito grave). Para saber si procedía el beneficio que se comenta había que revisar la ley secundaria (podría ser el caso de un listado de delitos, como lo manejaba el Código Federal de Procedimientos Penales o bien, con una fórmula como la que manejaba el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para el que eran graves los delitos cuya media aritmética de la pena excede de cinco años de prisión).

Uno de los cambios más importantes con la reforma en que se adopta el sistema acusatorio adversarial es el de la reducción de la procedencia de la prisión preventiva, pues se estableció, en el artículo 19 de la CPEUM, que esta medida solamente será aplicable a petición del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para cumplir sus fines o si al imputado ya se le procesa o se le haya procesado por delito doloso, así como, por algunos delitos, en forma oficiosa[1]

La nueva redacción del artículo 19, en relación con las medidas cautelares, es mucho mejor que la anterior, pues se limita el ámbito de aplicación de la prisión preventiva. Lo cierto es que lo ideal sería que no se restringiera la libertad de ningún gobernado mientras no se le haya demostrado que cometió un delito y se le haya impuesto una pena por tal razón. Se entiende, sin embargo, que hay casos en que una persona debe ser sometido a dicha medida cautelar (ya teniendo que justificarse en términos del artículo constitucional mencionado, ya en los casos de prisión preventiva oficiosa, la que no debería existir si se tuviera confianza en los operadores del sistema).

¿Es correcto que más personas enfrenten el proceso en libertad? La respuesta, evidentemente, es que sí. La prisión preventiva tiene que ser una medida cautelar de aplicación excepcional. Uno de los más grandes problemas del sistema anterior era el excesivo uso de dicha medida.

A más de un año de la entrada en vigor, en todo el país, del sistema acusatorio adversarial, diversas autoridades se han pronunciado por reformas, tanto a la Constitución Federal como a las leyes secundarias. Ello porque atribuyen el aumento de la incidencia delictiva a que el nuevo modelo permite que el imputado pueda estar libre con mayor facilidad que el anterior. Así se ha pronunciado la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), lo que ya ha sido motivo de comentario en esta misma página.

El sistema de enjuiciamiento penal no es un mecanismo para combatir la delincuencia en forma directa. Se estima que si cumple con sus fines podría contribuir en forma indirecta a ello, pero debe partirse de que lo que busca es que se imparta justicia en forma adecuada (respetuosa del debido proceso y de manera transparente).

El 17 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada Miscelánea Penal, modificando diversos ordenamientos para tener la adecuación normativa necesaria para la operación del sistema acusatorio. El artículo 5 Transitorio[2] del decreto por el que se expidió la reforma en comento permite que los procesados conforme al sistema anterior puedan solicitar la revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva impuesta. Es una disposición plausible, pues es un tema que no es incompatible con el sistema mixto. Partiendo de que el Estado está limitando el uso de la medida cautelar varias veces mencionada, es válido que esa limitación auto impuesta aplique para procesos anteriores, aun bajo el modelo mixto.

 

Hubo resistencia en el Poder Judicial para aplicar, en sus términos, el dispositivo de tránsito citado. El 5 de julio de 2017, la Primera Sala de la SCJN resolvió la contradicción de tesis 64/2017[3], relativa a la posibilidad de que personas procesadas con el sistema procesal mixto puedan gozar de la libertad provisional bajo caución según lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para el sistema acusatorio.

En lo personal se considera correcto el criterio de la Primera Sala del Tribunal más alto de la Nación. Si una persona se justifica que debe permanecer recluido durante el proceso o si se trata de unos de los supuestos de prisión preventiva oficiosa, el juez tiene la facultad de resolverlo en ese sentido, pero en los demás casos, se permite que los procesados, bajo cualquier sistema, puedan estar en libertad mientras se resuelve la causa.

Si hay peligro de concederse la libertad, el juez debe ratificar la prisión preventiva impuesta conforme a las reglas procedimentales previas, pero debe justificarse la necesidad por la que procede. No es en forma automática que por no estar en el catálogo de delitos en que la medida procede de oficio se es tenga que dejar en libertad.

El presente texto versa en torno a lo resuelto por la SCJN y en relación con una declaración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la que se estima desafortunada. Miguel Ángel Mancera Espinoza dijo: “Hay una expectativa con esta determinación de que pudieran salir hasta 4 mil personas cuando menos, ante eso, habrá que prepararse la sociedad[4]

Es desafortunada porque parece que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente en turno de la CONAGO traslada a la sociedad la tarea de prepararse para la eventual liberación de procesados, subrayando que se trata de personas que enfrentan el proceso y gozan de la presunción de inocencia. La declaración que se comenta parece que parte de que son delincuentes y que así se les debe tratar. Leyendo la nota se puede desprender que el sentido de la declaración no es que la sociedad deba ser la que se defienda, sino que debe participar en funciones preventivas. Eso tendría que ocurrir con cualquiera de los sistemas.

Una política criminológica adecuada debe involucrar los ámbitos de prevención, investigación de delitos, procuración e impartición de justicia y ejecución de sanciones. La sociedad tiene que involucrarse, pero no olvidemos que la Seguridad Pública es una función que corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno[5] por lo que quienes tiene que prepararse, tanto para enfrentar la eventual liberación de procesados, así como para defender ante los tribunales las peticiones que realicen al respecto, como para realizar investigaciones serias y para formular acusaciones fundadas son las autoridades.

Se habla mucho, siendo evidente la orientación de los medios de comunicación en ese sentido, de la necesidad de la reforma, pero seamos honestos, si hablamos de que personas que cometen delitos portando armas y que quedan libres (de lo que más se duelen las autoridades), ello implica que el Ministerio Público no ha justificado la procedencia de la prisión preventiva (ya por la necesidad, ya en forma oficiosa). La falta de preparación de las autoridades no debe provocar la disminución de los derechos del gobernado ni, mucho menos, que se le traslade la función preventiva.

 

 

[1] “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

 

[2] “Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.”

[3] No. 130/2017

Ciudad de México, a 5 de julio de 2017

PROCESADOS EN EL SISTEMA PENAL MIXTO PUEDEN SOLICITAR LA REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: PRIMERA SALA

  • En la resolución se destacó que la mecánica establecida en el artículo transitorio no implica el cambio inmediato de situación del imputado

A propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en sesión de 5 de julio de 2017, la contradicción de tesis 64/2017.

En ella se determinó que procede que los inculpados procesados en el sistema penal mixto soliciten la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva, de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implica un cambio que habilita a que el órgano jurisdiccional aplique las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada para la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en el artículo 19 constitucional.

Ello es así en razón de que dicho artículo transitorio permite la prevalencia del derecho humano de presunción de inocencia, del principio de mínima intervención del derecho penal, así como de la excepcionalidad de la prisión preventiva frente a la regla del sistema mixto que deriva de la calificación normativa de la gravedad del delito. Privilegia el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de detención en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal.

Lo anterior en el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare fundada en automático la solicitud de sustitución, modificación o cese; sino que está sujeta a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como a la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita.

De ahí que la Primera Sala, bajo el estricto respeto al principio de contradicción, consideró que al juez del proceso sólo le corresponde decidir sobre el destino de la petición con base en lo que las partes aporten en la audiencia correspondiente. Es importante reiterar que la mecánica establecida en el artículo transitorio no implica el cambio inmediato de situación del imputado, sino que lo que permite es la aplicación de las normas del nuevo sistema penal, resolviendo así una evidente situación de desigualdad provocada por la condición transitoria entre sistemas procesales.

[4] Mancera pide estar listos ante salida de 4 mil reos. (2017). El Universal. Consultado el 8 de julio de 2017, en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/8/mancera-pide-estar-listos-ante-salida-de-4-mil-reos

 

[5] Artículo 21 (CPEUM)… La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”

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Acerca de Arturo Cossío

Abogado penalista. Profesor universitario. Twitter Follow @ArturoCossio
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