Audiencia Inicial de Javier Duarte, nuevo riesgo de ataque al sistema acusatorio adversarial

El lunes 17 de julio llegó a México Javier Duarte. Se le extraditó para ser juzgado en México por diversos hechos que, se considera, encuadran en tipos penales diversos, ya del fuero común, ya del federal.
En medios de comunicación se ha hecho notar que la actuación de la Procuraduría General de la República fue deficiente al formular imputación en la audiencia inicial.
También se ha dicho mucho que podría enfrentar el proceso en libertad (pensando que no se le vinculara a proceso por delincuencia organizada).
Ambas situaciones parecen propicias para nuevos embates contra el sistema de justicia penal implementado hace muy poco tiempo en México.
Si la actividad de los agentes del Ministerio Público fue, en efecto, deficiente y si no pueden corregir y ello se traduce en una no Vínculación a proceso o a una eventual absolución, seguramente se echará la culpa al sistema. No debe ser así, es conveniente pensar estás cosas a partir de que se trata de una persona a la que se formula la imputación, que todavía no concluye la investigación, que tiene a su favor la presunción de inocencia y que, como en el caso de todos los gobernados, tiene que gozar del respeto a su derecho al debido proceso.
Puede haber fallas pero si el resultado no es el que la sociedad prevé, ello no quiere decir que sea algo atribuible al sistema. Pensar en eso nos llevaría a la conclusión de que es mejor tener un sistema deficiente que permita fincar responsabilidades en forma arbitraria que uno que respete derechos humanos.
Los errores pueden ser de los operadores y debe indagarse pero no lleguemos a la conclusión de qué hay que modificar el sistema.
Tampoco sería el caso en el supuesto de que se permitiera a Javier Duarte o a cualquier otro imputado, enfrentar el proceso en libertad (suponiendo que, a juicio del juez, se levante la prisión preventiva hasta ahora decretada). Lo importante es que se le imponga una medida cautelar efectiva, esa es la responsabilidad de la autoridad.
Aprovechar un caso como este para pretender justificar la reforma al sistema sería muy lamentable.

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