Sobre la declaración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en relación con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Libertad Provisional Bajo Caución y la eventual liberación de personas.

Dentro de los ataques constantes que está recibiendo el sistema acusatorio adversarial en México, al culpársele del aumento de la cantidad de delitos cometidos, encontramos una declaración que se ha presentado por los medios de comunicación y en las redes sociales que, es importante tener presente pero, sobre todo, no descontextualizarla. Se trata de lo que se ha presentado como el dicho del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en torno a la posible liberación de procesados como consecuencia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recordemos que, en el sistema mixto, la prisión preventiva procedía para todos los delitos sancionados con pena privativa de libertad, salvo que fuera alternativa. Así, el dictado del auto de formal prisión implicaba, en automático, la justificación de la detención durante el proceso. Sin embargo, para delitos no graves procedía el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Así, si la ley no lo prohibía por la gravedad del delito, el procesado podía obtener la libertad provisional (aunque estaba previsto que podía negársele, en el caso de delitos no graves, si con ese beneficio existía un riesgo para el ofendido o para la sociedad o si la persona había sido condenada por la comisión de un delito grave). Para saber si procedía el beneficio que se comenta había que revisar la ley secundaria (podría ser el caso de un listado de delitos, como lo manejaba el Código Federal de Procedimientos Penales o bien, con una fórmula como la que manejaba el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para el que eran graves los delitos cuya media aritmética de la pena excede de cinco años de prisión).

Uno de los cambios más importantes con la reforma en que se adopta el sistema acusatorio adversarial es el de la reducción de la procedencia de la prisión preventiva, pues se estableció, en el artículo 19 de la CPEUM, que esta medida solamente será aplicable a petición del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para cumplir sus fines o si al imputado ya se le procesa o se le haya procesado por delito doloso, así como, por algunos delitos, en forma oficiosa[1]

La nueva redacción del artículo 19, en relación con las medidas cautelares, es mucho mejor que la anterior, pues se limita el ámbito de aplicación de la prisión preventiva. Lo cierto es que lo ideal sería que no se restringiera la libertad de ningún gobernado mientras no se le haya demostrado que cometió un delito y se le haya impuesto una pena por tal razón. Se entiende, sin embargo, que hay casos en que una persona debe ser sometido a dicha medida cautelar (ya teniendo que justificarse en términos del artículo constitucional mencionado, ya en los casos de prisión preventiva oficiosa, la que no debería existir si se tuviera confianza en los operadores del sistema).

¿Es correcto que más personas enfrenten el proceso en libertad? La respuesta, evidentemente, es que sí. La prisión preventiva tiene que ser una medida cautelar de aplicación excepcional. Uno de los más grandes problemas del sistema anterior era el excesivo uso de dicha medida.

A más de un año de la entrada en vigor, en todo el país, del sistema acusatorio adversarial, diversas autoridades se han pronunciado por reformas, tanto a la Constitución Federal como a las leyes secundarias. Ello porque atribuyen el aumento de la incidencia delictiva a que el nuevo modelo permite que el imputado pueda estar libre con mayor facilidad que el anterior. Así se ha pronunciado la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), lo que ya ha sido motivo de comentario en esta misma página.

El sistema de enjuiciamiento penal no es un mecanismo para combatir la delincuencia en forma directa. Se estima que si cumple con sus fines podría contribuir en forma indirecta a ello, pero debe partirse de que lo que busca es que se imparta justicia en forma adecuada (respetuosa del debido proceso y de manera transparente).

El 17 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada Miscelánea Penal, modificando diversos ordenamientos para tener la adecuación normativa necesaria para la operación del sistema acusatorio. El artículo 5 Transitorio[2] del decreto por el que se expidió la reforma en comento permite que los procesados conforme al sistema anterior puedan solicitar la revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva impuesta. Es una disposición plausible, pues es un tema que no es incompatible con el sistema mixto. Partiendo de que el Estado está limitando el uso de la medida cautelar varias veces mencionada, es válido que esa limitación auto impuesta aplique para procesos anteriores, aun bajo el modelo mixto.

 

Hubo resistencia en el Poder Judicial para aplicar, en sus términos, el dispositivo de tránsito citado. El 5 de julio de 2017, la Primera Sala de la SCJN resolvió la contradicción de tesis 64/2017[3], relativa a la posibilidad de que personas procesadas con el sistema procesal mixto puedan gozar de la libertad provisional bajo caución según lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para el sistema acusatorio.

En lo personal se considera correcto el criterio de la Primera Sala del Tribunal más alto de la Nación. Si una persona se justifica que debe permanecer recluido durante el proceso o si se trata de unos de los supuestos de prisión preventiva oficiosa, el juez tiene la facultad de resolverlo en ese sentido, pero en los demás casos, se permite que los procesados, bajo cualquier sistema, puedan estar en libertad mientras se resuelve la causa.

Si hay peligro de concederse la libertad, el juez debe ratificar la prisión preventiva impuesta conforme a las reglas procedimentales previas, pero debe justificarse la necesidad por la que procede. No es en forma automática que por no estar en el catálogo de delitos en que la medida procede de oficio se es tenga que dejar en libertad.

El presente texto versa en torno a lo resuelto por la SCJN y en relación con una declaración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la que se estima desafortunada. Miguel Ángel Mancera Espinoza dijo: “Hay una expectativa con esta determinación de que pudieran salir hasta 4 mil personas cuando menos, ante eso, habrá que prepararse la sociedad[4]

Es desafortunada porque parece que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente en turno de la CONAGO traslada a la sociedad la tarea de prepararse para la eventual liberación de procesados, subrayando que se trata de personas que enfrentan el proceso y gozan de la presunción de inocencia. La declaración que se comenta parece que parte de que son delincuentes y que así se les debe tratar. Leyendo la nota se puede desprender que el sentido de la declaración no es que la sociedad deba ser la que se defienda, sino que debe participar en funciones preventivas. Eso tendría que ocurrir con cualquiera de los sistemas.

Una política criminológica adecuada debe involucrar los ámbitos de prevención, investigación de delitos, procuración e impartición de justicia y ejecución de sanciones. La sociedad tiene que involucrarse, pero no olvidemos que la Seguridad Pública es una función que corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno[5] por lo que quienes tiene que prepararse, tanto para enfrentar la eventual liberación de procesados, así como para defender ante los tribunales las peticiones que realicen al respecto, como para realizar investigaciones serias y para formular acusaciones fundadas son las autoridades.

Se habla mucho, siendo evidente la orientación de los medios de comunicación en ese sentido, de la necesidad de la reforma, pero seamos honestos, si hablamos de que personas que cometen delitos portando armas y que quedan libres (de lo que más se duelen las autoridades), ello implica que el Ministerio Público no ha justificado la procedencia de la prisión preventiva (ya por la necesidad, ya en forma oficiosa). La falta de preparación de las autoridades no debe provocar la disminución de los derechos del gobernado ni, mucho menos, que se le traslade la función preventiva.

 

 

[1] “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

 

[2] “Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.”

[3] No. 130/2017

Ciudad de México, a 5 de julio de 2017

PROCESADOS EN EL SISTEMA PENAL MIXTO PUEDEN SOLICITAR LA REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: PRIMERA SALA

  • En la resolución se destacó que la mecánica establecida en el artículo transitorio no implica el cambio inmediato de situación del imputado

A propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en sesión de 5 de julio de 2017, la contradicción de tesis 64/2017.

En ella se determinó que procede que los inculpados procesados en el sistema penal mixto soliciten la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva, de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implica un cambio que habilita a que el órgano jurisdiccional aplique las reglas del Código Nacional a la luz de los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad justificada para la afectación del derecho humano a la libertad personal, acorde a lo establecido en el artículo 19 constitucional.

Ello es así en razón de que dicho artículo transitorio permite la prevalencia del derecho humano de presunción de inocencia, del principio de mínima intervención del derecho penal, así como de la excepcionalidad de la prisión preventiva frente a la regla del sistema mixto que deriva de la calificación normativa de la gravedad del delito. Privilegia el acceso a la jurisdicción del Estado para que se revise el estatus de detención en que permanecen las personas sujetas a un proceso penal.

Lo anterior en el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare fundada en automático la solicitud de sustitución, modificación o cese; sino que está sujeta a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como a la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita.

De ahí que la Primera Sala, bajo el estricto respeto al principio de contradicción, consideró que al juez del proceso sólo le corresponde decidir sobre el destino de la petición con base en lo que las partes aporten en la audiencia correspondiente. Es importante reiterar que la mecánica establecida en el artículo transitorio no implica el cambio inmediato de situación del imputado, sino que lo que permite es la aplicación de las normas del nuevo sistema penal, resolviendo así una evidente situación de desigualdad provocada por la condición transitoria entre sistemas procesales.

[4] Mancera pide estar listos ante salida de 4 mil reos. (2017). El Universal. Consultado el 8 de julio de 2017, en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/8/mancera-pide-estar-listos-ante-salida-de-4-mil-reos

 

[5] Artículo 21 (CPEUM)… La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”

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El Sistema Penal Acusatorio en tiempos de Posverdad

El día 28 de febrero del 2017, por invitación del Dr. Eduardo López Betancourt, participé como comentarista de la conferencia del Dr. Juan Manuel Lacruz López, que es Profesor y director del Departamento de Derecho penal y Criminología de la Facultad de Derecho, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. El tema de la ponencia del Dr. Lacruz fue ¨Política criminal y movimientos migratorios en tiempos de posverdad“.

En esa ocasión me pronuncié en contra de la posverdad, desde la denominación, la que se retoma por ser una noción ya aceptada para referirse a aquello que se presenta como real sin serlo. En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, según lo anunciado, se definirá como: “Se referirá a aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, “sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público“(La palabra “posverdad” entra al diccionario de la Real Academia Española 2017)[1]

En realidad, se trata de manipulación de la verdad, de afirmaciones que se presentan como verdad y que se utilizan para que las decisiones que se tomen tengan legitimidad. Se presenta algo en tal forma que la propia sociedad pide que se tomen medidas que no serían bien vistas sin el trato tendencioso de la información.

Eso es lo que enfrentamos ahora ante las declaraciones constantes sobre el sistema penal acusatorio y su relación con la incidencia delictiva. De nuevo el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONGAGO), según información difundida en medios, afirma que gracias al nuevo sistema de enjuiciamiento penal hay quince mil delincuentes libres.

Es muy delicado lo que afirma el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pues parece que no tiene presente que, en cualquier Estado Democrático de Derecho, el sistema penal debe ser orientado por principios que no pueden, ni deben, ignorarse. Tal es el caso de la Presunción de inocencia. Si esas quince mil personas no han sido juzgadas, ya por haber recurrido a salidas alternas (suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios), ya por haber recurrido a terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado), no se les puede tener como delincuentes.

Sin embargo, la tendencia es más a la crítica al sistema de medidas cautelares, específicamente en lo tocante a la prisión preventiva. Se reporta que se hace valer que personas que han cometido delitos con armas de fuego quedan libres porque no se les impone esta medida.

Según lo informado, se busca reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para ampliar la procedencia de la prisión preventiva y con eso facilitar mayor eficacia en el control social. Empero, la autoridad debe ser eficaz sin atropellar derechos humanos y no a costa de los mismos.

Se reitera que debe respetarse la presunción de inocencia por lo que si a una persona no se le impone prisión preventiva en la audiencia inicial (que tiene verificativo en etapa de investigación), no puede afirmarse válidamente, que es un delincuente que queda libre, pues no ha sido juzgado y se le debe tener como inocente.

Es preocupante que se haga valer que delitos cometidos por personas armadas no llevan a prisión preventiva y que por ello hay más delincuentes libres. Consideremos que la CPEUM prevé que la medida en comento procede de oficio (para ciertos delitos) y a petición del Ministerio Público en algunos casos. Nos dice el primer párrafo del artículo 19 de la CPEUM:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

Del texto constitucional se desprende:

  1. La prisión preventiva a petición del Ministerio Público (MP) procede cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para cumplir con los mismos fines.
  2. El Ministerio Público tiene que acreditar lo anterior, por lo que si no se impone la prisión preventiva es porque el MP no acreditó la necesidad de la prisión preventiva o el juez no valoró correctamente lo presentado por el órgano de acusación. EL problema es de uno de los operadores del sistema no del sistema per se.
  3. Debe existir un sistema integral de medidas cautelares, no querer recurrir a la prisión preventiva como la única medida cautelar efectiva.
  4. La prisión preventiva ya procede (de forma oficiosa) para los casos de delitos cometidos con armas de fuego, por lo que si los imputados están en libertad por la no imposición de esta medida cautelar es porque los operadores no han aplicado correctamente la norma.

La ley debe aplicarse en forma respetuosa de los derechos humanos. El sistema está diseñado en forma correcta.  Si las autoridades no están a la altura, hay que hacer que lo estén y no bajar de nivel la ley

[1] La palabra “posverdad” entra al diccionario de la Real Academia Española. (2017). Clarin.com. Retrieved 3 July 2017, from https://www.clarin.com/sociedad/palabra-posverdad-entra-diccionario-rae_0_BJmid674Z.html

 

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Sobre el Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial y la intención de su modificación.

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reforma Constitucional por el que se adopta el modelo acusatorio Adversarial para el sistema de enjuiciamiento penal en México. Es, sin duda, la reforma en la materia más importante en décadas.

Dentro de las principales aportaciones que se han considerado que trae consigo el nuevo modelo procedimental encontramos:
• La creación del juez de control para conocer de las etapas preliminares al juicio para permitir que el tribunal de enjuiciamiento se dedique al trámite y resolución del juicio oral, con lo que se evita el prejuzgamiento de antaño.
• Una reorientación del sistema para dejar de ser meramente punitivo, buscándose, entre otros fines, la justicia restaurativa.
• Para lograr lo anterior y para evitar congestionar al sistema, se prevé la existencia de medidas de solución alterna de controversias.
• El diseño procedimental que debe ser respetuoso de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y partiendo de la presunción de inocencia. La herramienta de la oralidad contribuye a que exista un modelo transparente de impartición de justicia.
• La diversificación de medidas cautelares y la reducción de la procedencia de la prisión preventiva.
• Una mayor participación de la víctima en el procedimiento penal.
• La posibilidad de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado) ante el reconocimiento de la participación en la realización de un hecho que la ley señala como delito por parte del acusado.
• En materia probatoria, es muy importante la exclusión absoluta de pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales y la limitación en cuanto a que solamente pueden ser tomadas para la emisión de la sentencia las desahogadas en el juicio oral (salvo que se trate de prueba anticipada).
• Hay algunos puntos negativos como una serie de disposiciones aplicables para procedimientos relacionados con delitos en materia de delincuencia organizada (como la posibilidad de ocultar el nombre de la persona que declara contra del imputado, así como de que el juez autorice que se otorgue valor a actuaciones de la investigación para no producir la prueba en juicio, entre otros aspectos rechazables).

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es respetuoso de las disposiciones constitucionales en términos generales. Incluso, llega a ampliar el ámbito de protección al gobernado respecto a la Ley Fundamental, como ocurre con el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues en el ordenamiento secundario se faculta al Ministerio público a solicitar su no aplicación en caso de que no resulte proporcional en el caso concreto.

La reforma Constitucional de 2008, en términos de sus artículos transitorios, entró en vigor en todo el país hace un año, el 18 de junio de 2016. Por tanto, hoy se cumple un año de la operación total en México.

Para muchos parece haber la percepción de que no ha funcionado bien el sistema acusatorio. Consideramos aceptable que poco a poco mejoren los resultados. Si bien es cierto que hubo ocho años de vacatio legis, no hay que perder de vista que se trata de una reforma que bien podemos decir es estructural. La labor es titánica y va contra muchos intereses.

En los últimos días ha habido pronunciamientos solicitando reformas (de hecho, hay en trámite iniciativas tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y que llegan a ser contradictorias). Se ha anunciado también, por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a través de su presidente en turno, el Dr. Miguel Ángel mancera Espinoza, que buscarán una modificación tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como al CNPP. Lo que se ha difundido en medios de comunicación es que, de los puntos que se pretenden cambiar están los relativos a las formas de solución alternativa de controversias en materia penal y aspectos relativos a la prisión preventiva (ampliar su procedencia).

Básicamente se ha vuelto común, por autoridades, el afirmar que hay un aumento de la incidencia delictiva y se señala que ello obedece a que los sujetos a los que logran detener quedan libres por los límites impuestos a la procedencia de la prisión preventiva y a la facilidad para alcanzar acuerdos reparatorios.

No es negativo que se revise la normatividad que rige las salidas alternas (acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso a prueba), la forma de terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado) y la procedencia y requisitos para el ejercicio de criterios de oportunidad, pues pudieran ser demasiados amplios en los términos actuales. Sin embargo, no debe llegarse al camino fácil de reformar la ley para facilitar el trabajo de las autoridades, en detrimento del ámbito de derechos humanos de los gobernados.

Especial atención debemos dar al tema de la prisión preventiva. De conformidad con el texto vigente del artículo 19 de la CPEUM, procede en forma oficiosa para ciertos delitos (homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, delitos cometidos por medios violentos, delitos graves contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Además, puede imponerse la prisión preventiva a petición del Ministerio Público siempre que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio, protección de personas o cuando el imputado esté en proceso (o haya sido procesado) por delito doloso.

Es criticable la existencia de la prisión preventiva oficiosa, debe confiarse en la actuación de los jueces para le determinación de la imposición de medidas cautelares, incluyendo la que nos ocupa. Lo que se ha difundido es la intención de aumentar los supuestos de procedencia de esta medida cautelar por, supuestamente, ser necesaria para combatir la delincuencia.

Es rechazable aumentar el ámbito de aplicación de la prisión preventiva, debe, en realidad, implementarse en forma correcta un sistema de medidas cautelares que permitan limitar el internamiento de personas en centros de reclusión durante el proceso. La falta de eficacia de las autoridades no debe provocar la reducción de derechos de los gobernados.

Debemos estar pendientes de que las modificaciones que se hagan al sistema de justicia sean para fortalecerlo y no para debilitarlo.

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Sobre el procedimiento de extradición de Javier Duarte

Con motivo del procedimiento de extradición de Javier Duarte es conveniente tener presentes algunos aspectos, que son a los que nos referiremos en este texto.

En diversos medios de comunicación se ha mencionado que el abogado del inculpado mencionado puede consentir la extradición. Ello, sin duda, abonaría a las especulaciones que hay respecto a una negociación entre el gobierno y Duarte, sobre todo por el momento electoral que se vive en el país.
Sin entrar al tema de afirmaciones sin elementos, podría ser más conveniente para el gobierno que el extraditarle se opusiera pues, de prolongarse el procedimiento lo más posible, en caso de que la captura tenga efectos reales a nivel electoral sería por partida doble. En este momento, con la noticia de la detención por lo que hace a elecciones locales, como la del Estado de México. Si se resolviera la extradición favorablemente para nuestro país en un año, el efecto aplicaría también para las elecciones federales de 2018.

¿Por qué habría de consentir la extradición? Esto tendría diversas respuestas, como podrían ser:
Que en Guatemala no puede obtener libertad durante el procedimiento de extradición y aquí podría tener la expectativa de enfrentar el procedimiento en libertad. Situación que se considera difícil pues depende de los delitos que se imputen. Si, en efecto, hay orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada procedería la prisión preventiva de oficio.
Que apueste a lograr soluciones alternas (acuerdos reparatorios, principalmente) o a terminación anticipada del proceso (procedimiento abreviado). Es complicado que se actualice, aunque sea por algunos delitos, el logro de estas figuras por el descontento social que hay respecto del inculpado. Podría actualizarse por ciertos delitos pero se estima que no por todos los que se le pudieran imputar.
Para lograr establecer un límite a los delitos por los que se le pueda juzgar. Es quizá la respuesta más lógica de las que podemos proponer en este momento.

Respecto a la última idea, es importante no olvidar disposiciones que rigen el procedimiento. Así, en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala (TRATADO), encontramos que el trámite a seguir será de acuerdo con la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición de Guatemala, pues así lo dispone el TRATADO, que dispone:

“ARTÍCULO DECIMOPRIMERO
TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE EXTRADICION
1. La solicitud de extradición será tramitada de conformidad con la legislación de la Parte Requerida.
…”
Además, el TRATADO prevé la posibilidad de que el sujeto cuya entrega se solicita consienta la extradición, con lo que se pondría a disposición del gobierno mexicano al inculpado sin dilación. En la parte conducente, el instrumento internacional en comento dice:

“ARTÍCULO DECIMO
EXTRADICION SUMARIA CONSENTIDA POR EL RECLAMADO
Si la persona reclamada acepta voluntariamente ser extraditada, la Parte Requerida deberá entregarla inmediatamente a la Parte Requirente, para ponerla a disposición de las autoridades judiciales competentes de ésta.”

El TRATADO regula la limitación en el sentido de que se se puede juzgar solamente por los delitos por los que se ha concedido la extradición, salvo que fueran cometidos con posterioridad. También se puede juzgar por delitos previos en caso de que el Estado requerido manifieste su conformidad. Establece la norma a que se ha hecho referencia:

“ARTICULO DECIMOQUINTO
REGLA DE ESPECIALIDAD
1. La persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente por un delito distinto a aquél por el cual se concedió la extradición ni tampoco será extraditada a un tercer Estado, a menos que:
a) no haya abandonado el territorio de la Parte Requirente dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere estado en libertad de abandonarlo;
b) hubiere abandonado el territorio de la Parte Requirente después de su extradición y haya regresado voluntariamente a él; o
c) la Parte Requerida hubiere otorgado su consentimiento para que la persona sea detenida, juzgada, sancionada o extraditada a un tercer Estado por un delito distinto a aquél por el cual se concedió la extradición.
Estas disposiciones no se aplican a delitos cometidos después de la extradición.”

En lo que toca a la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición (LEY), destaca lo siguiente:

“Artículo 3. Allanamiento o entrega voluntaria. La persona contra la que se dirija el procedimiento de extradición podrá allanarse a la solicitud o entregarse voluntariamente al Estado Requirente en cualquier momento del procedimiento, incluso antes de la presentación formal de la solicitud. El tribunal que conoce del procedimiento, una vez recibida le declaración, sin más trámite, pondrá a la persona reclamada en extradición a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que éste coordine con la autoridad del Estado solicitante y se verifique la entrega inmediata.
.…
Artículo 4. Efectos del allanamiento o entrega voluntaria. El allanamiento a la solicitud formal de extradición o entrega voluntaria al Estado Requirente suspenderá el procedimiento de extradición pasiva para quien se allane.
La petición de allanamiento o de entrega voluntaria deberá ir acompañada de la renuncia expresa a cualquier recurso o acción interpuesta ante cualquier órgano jurisdiccional o constitucional.”

“Artículo 27. Ampliación a la solicitud del Estado Requirente. Los Estados Requirentes podrán modificar o ampliar las solicitudes de extradición o de detención provisional presentadas al Estado de Guatemala a través de la vía diplomática. De igual forma, Guatemala podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones que estime necesarias; en ambos casos, hasta antes de iniciada la audiencia correspondiente.



Cuando el Ministerio Público estime que la información y documentos requeridos no afecten el fondo de la solicitud, pedirá al Tribunal la fijación de la audiencia, de conformidad con el procedimiento estipulado en la presente ley.”

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que es importante que la petición formal de extradición incluya todos los delitos que se le puedan imputar, máxime para el caso de que el sujeto que se reclama consienta con la extradición y así no se limite la posibilidad de la aplicación de la ley penal. En el supuesto de que el allanamiento a la pretensión del gobierno mexicano fuera previo a la solicitud formal, en términos de artículo 27 se tendría que ampliar la petición.

Independientemente de lo anterior y para tener una visión de lo que está pasando, se transcriben algunas disposiciones de la LEY.
“Artículo 2. Derechos y garantías del requerido. Durante el procedimiento de extradición, las personas tendrán derecho a nombrar un defensor y, en su caso, un traductor; de no hacerlo se nombrará uno de oficio.
En ningún caso, la resolución que decida el procedimiento de extradición hará mérito sobre la inocencia o culpabilidad de la persona sujeta a procedimiento de extradición, ni ésta podrá ser valorada en su contra.
Desde el momento en que se le haga saber la causa que motivó su detención, el requerido y su defensor podrán obtener copias simples de la solicitud y de la documentación presentada por el Estado Requirente, así como de cualquier otro documento disponible relacionado con el procedimiento de extradición, dejándose razón en el expediente.
Artículo 10. Funciones del Organismo JudicIal. Corresponde al Organismo Judicial, a través de los órganos jurisdiccionales competentes decidir, con exclusividad, sobre la procedencia de la extradición pasiva que promueva el Ministerio Público.

Serán competentes para decidir sobre la procedencia de la extradición pasiva los tribunales de sentencia con competencia en materia penal que tengan su sede en la ciudad de Guatemala, según las normas de asignación que disponga la Corte Suprema de Justicia. Tendrán competencia los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal de Turno de la ciudad de Guatemala, para resolver las peticiones de las medidas urgentes de coerción.

El tribunal deberá comunicar por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores toda resolución que se tome en un procedimiento de extradición en un plazo no mayor da tres días.

La denegatoria de la extradición pasiva obliga al Estado de Guatemala, a través de los órganos correspondientes, a ejercer la persecución y acción penal en los casos que sea procedente conforme al tratado, convenio, arreglo internacional o el derecho interno.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE EXTRADIClÓN CAPÍTULO I
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN PASIVA

Artículo 13. Requisitos de la solicitud. La solicitud formal de extradición pasiva deberá cumplir con los requisitos establecidos en el tratado, convenio o arreglo internacional; cuando dichos instrumentos no contemplen requisitos específicos, se deberá establecer que como mínimo, se haya acompañado la siguiente documentación:

Cuando el individuo es solamente un acusado sindicado o imputado una copia auténtica de la orden de detención, emanada de juez competente.
Una relación precisa del hecho imputado, una copia de las leyes penales aplicables a éste; así como de las leyes referentes a la prescripción de la acción o de la pena.
Ya se trate de condenado, sindicado, imputado o acusado, y siempre que fuere posible, se remitirá la filiación y demás datos personales que permitan identificar al individuo reclamado. Las medidas de coerción real que requiere sean impuestas a la persona reclamada.
En todo caso, la solicitud de extradición que cumpla con los requisitos que contemplan los tratados, convenios o arreglos internacionales o, en su defecto, los estipulados en este artículo, conlleva implícita la solicitud del Estado Requirente de tramitar la aprehensión de la persona reclamada en extradición.

Artículo 14. Solicitud de detención provisional. El Estado interesado podrá solicitar al Estado de Guatemala, a través de la vía diplomática, la detención provisional de una persona, informando sobre la existencia de una orden de aprehensión y asegurando que en el plazo establecido en el arreglo internacional presentará la solicitud formal de extradición.
La privación de libertad de la persona detenida provisionalmente dentro de este procedimiento no estará sujeta a ninguna medida que la sustituya, y durará hasta que se lleve a cabo la entrega del extraditado o se resuelva en definitiva sobre la improcedencia de la solicitud de extradición.
Artículo 17. Audiencia. Una vez detenida la persona pedida en extradición, el Ministerio Público solicitará en un plazo que no exceda de dos días, en forma verbal o escrita, que se fije la audiencia para resolver el pedido formal de extradición, la que deberá celebrarse en un plazo no menor de diez días ni mayor de quince, contados a partir del momento del que fue requerida. Entre la notificación y la realización de la audiencia deberán mediar por lo menos tres días.
En la audiencia participaran el Ministerio Público, el requerido, su abogado defensor y, en su caso, el intérprete.

Artículo 19. Comparecencia de las partes a la audiencia. El día y hora señalado para la audiencia, el juez verificará la presencia de las partes; si todos estuvieren presentes declarará abierta la audiencia, explicará el objeto de la misma y procederá a la recepción de los medios de prueba.


Artículo 20. Desarrollo de la audiencia de extradición. La audiencia para decidir la procedencia de la solicitud de extradición, se desarrollará de la siguiente manera:
El Presidente del Tribunal otorgará la palabra, en su orden, al Ministerio Público, a la defensa y al Requerido, para que se manifiesten en relación con la solicitud formulada, ofrezcan e incorporen los medios de prueba correspondientes.
Al concluir la recepción de la prueba, se recibirán los alegatos finales de las partes. Concluidas las intervenciones, el Tribunal resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición.

Artículo 21. Oposición a la solicitud. La oposición a la solicitud de extradición solamente se podrá formular en la audiencia para decidir sobre la procedencia de la misma, celebrada ante el juez competente.

Artículo 22. Requisitos de la resolución que decide la extradición. La resolución que decide la procedencia del requerimiento de extradición, contendrá:
Los datos de identidad de la persona solicitada en extradición, con indicación del Estado Requirente.
La relación sucinta de los hechos por los cuales otorga o deniega la solicitud de extradición; Los fundamentos de hecho y de derecho en que funde la decisión, y, en su caso, el valor asignado a las pruebas.
Las medidas que garanticen la entrega del requerido, cuando se otorgue la extradición, o el cese de las medidas de coerción si la misma fuere denegada.
Las condiciones, cuando fueran aplicables, en virtud del convenio o tratado, que deba observar el Estado a favor de quien se otorgó la solicitud de extradición. No se podrá condicionar la entrega del solicitado a la imposición de una pena determinada.
La decisión sobre el destino de los bienes patrimoniales que hubieran sido afectados en el procedimiento de extradición.

Artículo 23. Recurso de apelación. Contra la resolución que decide la procedencia o improcedencia de la extradición, la parte que se considere agraviada podrá interponer, únicamente, el recurso de apelación ante la Sala de la Corte de Apelaciones competente.
El recurso de apelación se interpondrá por escrito, dentro del término de tres días, con expresa indicación del motivo en que se funda, bajo sanción de inadmisibilidad. Otorgada la apelación, y hechas las notificaciones, se elevarán las actuaciones originales, a más tardar, a la primera hora laborable del día siguiente.
Vencido el plazo para hacer uso del recurso de apelación, la resolución del Tribunal de Primera Instancia queda firme y ejecutoriada.

Artículo 24. Competencia de la sala. El recurso de apelación permitirá a la sala el conocimiento del procedimiento solo en cuanto a los puntos a que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal confirmar, modificar o, en su caso, revocar la resolución.

Artículo 25. Decisión sobre el recurso de apelación. La decisión de la Sala de la Corte de Apelaciones no admitirá recurso alguno. Quedan a salvo de esta disposición, las garantías constitucionales correspondientes.
Artículo 28. Cese de las medidas de coerción. Las medidas de coerción serán revocadas, cuando:
El Estado Requirente no formule el requerimiento de extradición en el plazo establecido en el tratado, convenio o arreglo internacional. En el caso de que estos no fijen un plazo, se entenderá que el mismo es de 40 días, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará al Estado Requirente al momento de conocer de la primera comunicación referente a un pedido de extradición.

La persona requerida se allane conjunta o separadamente a la solicitud de extradición, en cuyo caso; si fuere pertinente, se tomarán las medidas que garanticen la entrega y traslado.

Artículo 29. Entrega del requerido. Firme el fallo que decretó la extradición, el Tribunal competente, a través de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, lo comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores y pondrá a su disposición al detenido, así como los efectos o valores de la persona reclamada sobre los que hubiere recaído medida de coerción, en caso de que éstos no se hubieren entregado con anterioridad.


El acuerdo gubernativo, refrendado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá emitirse en un plazo que no exceda los quince días a partir de la comunicación de la resolución judicial. Si el acuerdo gubernativo no es emitido en la fecha indicada, se entenderá que la extradición ha sido concedida y se procederá a la entrega de la persona requerida.
Verificados los trámites anteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará los aspectos logísticos de la entrega física del extraditable con la misión del Estado Requirente acreditada en el país. Las autoridades guatemaltecas correspondientes y el Ministerio Público deberán prestar todo el apoyo que dentro de su competencia les sea requerido por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la entrega del solicitado.

…”

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Sobre la Sentencia de Amparo Directo dictada a Sentenciado por el Homicidio cometido en agravio de José Francisco Ruíz Massieu

Se ha dado a conocer, en diversos medios de comunicación, que se otorgó el Amparo de la Justicia Federal a un quejoso que fue condenado por considerársele responsable  penalmente de la muerte del político mexicano. Se trata de hechos que tuvieron alto impacto social por lo que, probablemente, la resolución causará un sentimiento de frustración en un amplio sector de la sociedad. Por ello, consideramos conveniente hacer referencia a los motivos por los que se dictó la sentencia en los términos dados a conocer, para que no quede en la información escasa que puede incluir un reporte de noticias.

La resolución fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Juicio de Amparo Directo Penal 24/2016, habiendo sesionado para resolución el dos de febrero de 2017.

Recordemos que José Francisco Ruíz Massieu fue privado de la vida el día 28 de septiembre de1994. A la persona a la que se señaló como autor material se le aseguró en flagrancia. Tras realizarse la averiguación previa se ejercitó la acción penal en su contra, poniéndolo a disposición del juez de la causa, el día 29 de septiembre de ese año (según describe la sentencia que se comenta). Así, se consignó estando detenido al inculpado 1 (así nos referiremos al quejoso en el juicio de amparo referido y que es al que se señaló como autor material). Sin embargo, también se solicitó orden de aprehensión contra los coinculpados, dentro del que se encuentra el inculpado 2 (coprocesado al que se le señala como instigador).

Estando a su disposición del Juzgado de Distrito, se realizó la diligencia de Declaración Preparatoria respecto del inculpado 1, dictándose posteriormente el Auto de Formal Prisión en su contra y la orden de aprehensión contra el inculpado 2).

Hasta este punto no se aprecia problema respecto a violaciones a la Constitución que trasciendan al fallo según lo expuesto por el Tribunal Colegiado de Circuito. El problema empieza cuando se ejecuta la orden de aprehensión dictada contra el inculpado 2 y se le pone a disposición del juez, pues le asistió como defensora la misma persona que tenga el cargo respecto del inculpado 1, a pesar de que existía conflicto de intereses, lo que imposibilitaba que contaran con defensor común.

Refiere la sentencia que, por haber ese conflicto de intereses, los actos de defensa durante la primera instancia y la interposición del recurso de apelación contra la sentencia, estuvieron a cargo de diferentes defensores (en ambos casos a cargo de la Defensora Pública Federal). Esto con excepción de las diligencias de declaración preparatoria y de la que se desarrolló para la práctica de los careos constitucionales en que asistió la misma persona a ambos inculpados.

Si bien es cierto que el compartir defensa en la Declaración Preparatoria es un vicio importante del procedimiento, el agravio lo sufre, en ese momento procedimental el inculpado 2 pues al momento en que se verificó la diligencia para el inculpado 1 no había otro encausado cuya defensa tuviera a su cargo su abogada. En la diligencia de careos constitucionales hay una vulneración de derechos fundamentales para ambos. No obstante lo anterior, por considerar que la violación al derecho de defensa adecuada no es absoluta en primera instancia, no se otorga el alcance de invalidar la sentencia de primera instancia como efecto de la dictada en el Amparo Directo. Se aclara que, en al misma fecha se sesionó un amparo relacionado en el que, quizá se pudo resolver otra cosa (si se trataba del del inculpado 2, pues su declaración preparatoria si estuvo afectada por el conflicto de intereses, pues al haber sido asistido por la misma persona que defendía al inculpado 1 la violación al derecho de defensa es mayor).

Lo que motiva la concesión del amparo es que, a pesar del conflicto de intereses, ambos inculpados compartieron defensa durante la segunda instancia. Es correcto, desde nuestro punto de vista, lo resuelto por el Tribunal Colegiado. No es posible considerar que se tuvo una defensa adecuada cuando la misma persona representa intereses en conflicto. Ello, como lo refiere el propio Órgano de Control Constitucional, se encuentra tipificado por el Código Penal Federal. Por el transcurso del tiempo es evidente que ha operado la prescripción de la acción penal pero no deja de ser grave la situación (la sentencia de apelación es de fecha 19 de septiembre de 1996 por lo que hace más de 15 años que se extinguió la pretensión punitiva en función de la punibilidad y las reglas que rigen al instituto de la prescripción).

No puede tenerse como respetado el derecho al debido proceso si los inculpados tenían una defensa compartida con quienes tienen intereses opuestos, incluso, en al especie, llegando al extremo de que el inculpado 2 hacía imputación directa contra el inculpado 1.

Por lo anterior se estima acertado el otorgamiento de la Protección de la Justicia Federal al quejoso pero deja un sabor amargo en cuanto a la idea de la impartición de justicia en el país. Se trata de un caso de alto impacto social, de un caso que se juzgó 20 años atrás y hasta ahora llega la resolución para que se reponga el procedimiento. Claro, se podrá decir que es porque el quejoso tardó 20 años en promover el juicio de amparo y eso es cierto (Por eso se entiende que en la ley de amparo ya exista un plazo, suficientemente amplio, para la promoción del juicio de garantías).

Si bien se podrá decir que el control constitucional tardó por no haberse ejercido la acción de amparo antes, lo cierto es que, como el Tribunal Colegiado de Circuito lo hace ver es que tampoco se hizo nada respecto al señalamiento de actos de tortura y eso sí se podía haber enfrentado por las autoridades desde el momento en que se señaló.

A mayor abundamiento, el inculpado 1 refiere que fue torturado para realizar los hechos y conmovido de la detención. Por lo que hace al primer aspecto, se determinó que no aportó pruebas y que le correspondía por ser imputada la conducta a particulares. Sin embargo, en el segundo punto, en el relativo al señalamiento de tortura con motivo de la detención, sí correspondía a las autoridades la investigación sobre su posible existencia. El amparo no se concede por estimar que la posible tortura haya trascendido al fallo pero se da vista a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para que procedan a su investigación. Con el tiempo transcurrido la viabilidad material y jurídica de la investigación parece que será limitada.

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir quedes acertado el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito al conceder el Amparo al quejoso. Para terminar, citaremos los efectos de la resolución, pues se ordena al Tribunal Unitario de Circuito:

“1. Deje insubsistente la sentencia reclamada.

2. Reponga el procedimiento de segunda a partir del acuerdo por el que tuvo recepcionado el escrito de agravios de un sólo defensor a fin de que se otorgue oportunidad al amparista para designar a nuevo defensor, o bien se le designe a uno de oficio  distinto al que patrocinó a suscosentenciados;

3. Hecho lo cual, prosiga con la secuela procesal  hasta dictar sentencia definitiva, con la única  limitante de que en esa nueva resolución debe acatarse el principio de no reformatio in peuis“.(Pág. 47 de la sentencia).

Para quienes estén interesados en analizar el tema con mayor profundidad, dejo a su disposición la versión púbica de la resolución.

Sentencia Amparo Directo 24:2016

 

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Constitución Política de la Ciudad de México

Tal como estaba previsto, el día de hoy, se ha publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el número 1 de la Vigésima Época del órgano de difusión oficial de la Capital de la República, el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Se ha elegido el día que se cumplen cien años de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decisión que me parece desafortunada. Debió dejarse esta fecha para la conmemoración del centenario de la expedición de un documento que, en su origen, fue ejemplo para el mundo.

Es un documento que, para las autoridades, parece ser algo de vanguardia, que para sus críticos es algo utópico y no muy realizable. Debemos analizarla con seriedad para poder emitir una opinión informada.

Comparto el documento que contiene el texto de la Constitución de la Ciudad.

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Sobre la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia Penal (Diciembre de 2016)

Se encuentra en trámite, en el Senado de la República, una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de Justicia Penal. El proceso legislativo inició con la Iniciativa presentada por miembros de la Cámara de Senadores provenientes de distintos partidos, lo que deja la idea de que ya fue negociada entre diversas fuerzas políticas en la Cámara Alta.

Suscribieron la iniciativa los Senadores CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ARMANDO RÍOS PITER, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ ELIZONDO, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, LILIA MERODIO REZA, RAÚL GRACIA GUZMÁN. Considero incorrectos algunos aspectos de la reforma e insuficiente la justificación que pretende sustentar el cambio constitucional.

La Iniciativa plantea modificación a los artículos 16, 19, 20, 73 y 107 de la CPEUM.

En cuanto al artículo 16 se propone la eliminación de la figura del arraigo desprendiéndose que se busca que tener un marco más amplio de protección a los derechos humanos. Todo esfuerzo o medida en ese tenor debe verse como algo positivo. En diversas ocasiones me he pronunciado en cuanto a que la medida cautelar del arraigo no es necesariamente rechazable, pero, lo que es inaceptable es el abuso que se ha llegado a presentar. Con la supresión del arraigo se termina con la posibilidad del mal uso, por lo que es positivo el cambio. El problema es que no es gratuita le modificación pues no implica que se protegerá en mejor forma la libertad de los gobernados pues, como se verá después, se pretenden cambiar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión, facilitando su emisión, por lo que se reduce al ámbito de protección al respecto.

Independientemente de lo anterior, es incorrecta a forma en que se plantea la propuesta de reforma pues, por ejemplo, en la página 3 de la Iniciativa se expresa:

Así pues, en la propuesta que ahora se pone a consideración del Congreso de la Unión, proponemos la definitiva eliminación de la figura del arraigo del párrafo octavo del artículo 16 constitucional. Correlativamente, dado que el arraigo solamente era aplicable a delitos definidos como de delincuencia organizada, ya no resulta relevante contar con una definición expresa en el texto constitucional sobre los alcances de esa figura. En conclusión, se propone también la eliminación del párrafo noveno del artículo 16 constitucional que define actualmente lo qué debe entenderse por delincuencia organizada.”

Sin embargo, al presentarse un cuadro comparativo del texto actual y del que buscar lo sustituya solamente se resalta la derogación del párrafo octavo, lo que se repite en el proyecto de decreto que, en lo conducente, dice:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA PENAL

 

ÚNICO.- Se reforman los párrafos tercero, sexto y décimo cuarto del artículo 16, eliminando octavo, recoriéndose( SIC) los subsecuentes en orden cronológico;el artículo 19; la fracción VII del apartado A del artículo 20;los incisos b) y c) de la fracción XXI del artículo 73; el quinto párrafo de la fracción II y el inciso c) de la fracción V del artículo 107.Se adiciona un segundo párrafo al  inciso b) de la fracción III al artículo 107.Se deroga la fracción XII del artículo 107; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Puede apreciarse que dice que se reforman los párrafos tercero, sexto y décimo cuarto del artículo 16, eliminando el octavo y recorriéndose los siguientes. Sin embargo, la exposición de motivos también dice que se deroga el párrafo noveno, que es el que define a la delincuencia organizada. Incluso, en el mencionado proyecto de decreto aparece únicamente como derogado el párrafo octavo.

Más allá de lo meramente formal, es delicado que se diga que ya no tiene sentido la definición de la figura de delincuencia organizada por la supresión que se propone de la medida cautelar del arraigo, pues si bien es cierto que ya no se daría esa figura que hoy es privativa del arraigo, también lo es que hay otros aspectos que son delicados por restringir derechos fundamentales para los miembros de las organizaciones delictivas (artículos 18 –internamiento en establecimientos especiales, limitación a los traslados para que se cumplan las penas en lugares cercanos al de origen-, 20 – posibilidad de no informar el nombre de quien declare en contra del inculpado y la posibilidad de dar valor a actuaciones de la investigación para no producir la prueba en el juicio oral- y aunque no es una figura del orden penal, la extinción de dominio prevista en el  22 de la CPEUM).

Cuando se buscó que se incluyera la definición de delincuencia organizada en la CPEUM fue para evitar que en leyes secundarias su pudiera definir y modificar de forma fácil al tipo.

Preocupante la modificación que se pretende realizar al artículo 16 en cuanto a dos de las tres formas de detención previstas en dicho numeral. Por lo que hace a la orden de aprehensión, en forma desafortunada se intenta cambiar los requisitos para su libramiento. Actualmente se requiere de datos de prueba que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión (hecho que debe ser sancionado con pena privativa de la libertad)

Argumentando que la dificultad para entender lo que los datos de prueba implican y que la orden de aprehensión debe verse como una forma de conducción ante el juez, se propone que el texto del párrafo tercero del artículo 16 quede así:

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella y, se establezca la probabilidad de la existencia del hecho que la Ley señale como delito y de la intervención de la persona en él.

Se suprime la necesidad de que se establezca la comisión del hecho y se sustituye por la probabilidad de la existencia del mismo y de la intervención del activo. Es una disminución del estándar probatorio pero lo más delicado es que se elimina el requisito consistente en que el delito tenga pena privativa de la libertad. Así, aún y cuando se considere que la orden de aprehensión es una simple forma de conducción del inculpado ante el juez, se permitiría la restricción de la libertad aún para delitos con sanción diversa a la prisión. En estos casos ni con la condena se podría restringir la libertad personal pero procedimentalmente sí, es inaceptable.

Por lo que toca al caso urgente, se propone eliminar el requisito de que se trate de delito grave, por lo que aún para delitos sin pena privativa de la libertad procedería la orden de detención por urgencia, toda vez que los requisitos serían los siguientes:

Sólo en casos urgentes, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, siempre que se actualicen los mismos supuestos para solicitar una orden de aprehensión, determinar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. “

Si para la orden de aprehensión no se requiere que se trate de delito con pena privativa de la libertad y para el caso urgente se tendrían que actualizar los mismos supuestos, tampoco se requeriría de ese tipo de sanción.

En el artículo 16 se incluye el aspecto de la geolocalización, que podría ser autorizada por un juez. Este aspecto lo justifican de conformidad con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el artículo 19 se propone la eliminación del auto de vinculación a proceso. En ese sentido no veo perjuicio, toda vez que no es una resolución que se traduzca en una afectación de derechos. En todo caso el agravio la causa la resolución en que se impone la prisión preventiva.

Se sigue hablando de que debe justificarse la detención y se hace referencia a que se pueden imponer medidas cautelares y los requisitos para   su procedencia. Al hablase en forma general del tema ya no se reglamentaría constitucionalmente la prisión preventiva. Si bien puede parecer un acierto, es desafortunado porque se abre la posibilidad a que el juez estime procedente la medida para cualquier delito, desapareciendo los límites que planteó la reforma constitucional de 2008.

Al desaparecer el auto de vinculación a proceso ya no se trataría la litis cerrada como hoy, sino que se haría referencia a la congruencia entre la acusación y la sentencia.

En forma positiva se suprime lo relativo a la suspensión del cómputo de la prescripción en los casos de delincuencia organizada cuando se conceda la extradición o el procesado evada la acción de la justicia (tras haber sido vinculado a proceso, figura que, como ya se dijo, también se suprimiría).

A efecto de no saturar con citas, se incorpora a la presente publicación un vínculo al archivo que contiene el texto de la Iniciativa en comento.

El artículo 20 de la Constitución General de la República sería modificado solamente para que, en relación con el procedimiento abreviado, se hable de la acusación y no de la imputación.

Por lo que toca al artículo 73 fracción XXI Constitucional se busca cambiar la regulación de la delincuencia organizada para que no se trate solamente como un tema de competencia de la Federación. Con ello se volvería a dar atribuciones para su investigación y persecución a las autoridades locales, pero en aplicación de una Ley Nacional.

Uno de los temas más delicados de la reforma planteada es en materia de amparo penal. Si bien se reconoce la necesidad de buscar que el juicio de amparo no funcione de manera que obstruya la debida tramitación del procedimiento penal, lo cierto es que los cambios los considero prematuros.  Pienso que primero debe consolidarse la implementación del sistema acusatorio y después reformar el juicio de Amparo.

En el artículo 107 se suprimiría la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal (algo correcto si pensamos en que, por tratarse de un procedimiento adversarial, caracterizado por igualdad de armas, no sería aceptable dar ventajas a ninguna de las partes, pero, se insiste, no es el momento para suprimir la suplencia pues todavía hay deficiencias que superar en operadores del sistema.

Tratándose de amparo indirecto se establecería que solamente procedería en materia penal contra actos u omisiones fuera del juicio oral que priven de la libertad personal de modo irreparable y habiéndose agotado los recursos ordinarios.  Se argumenta que las posibles violaciones a la ley darían lugar a nulidades y que el juez natural tiene la atribución de decretarlas por lo que es amparo debe ser un recurso extraordinario limitado  a temas como prisión preventiva y sentencias definitivas pero, reitero, mientras no esté consolidado el sistema pienso que no es el momento.

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Instalación del Constituyente de la Ciudad de México

El día de hoy ha quedado instalada el órgano colegiado creado para la discusión y eventual aprobación de la Constitución de la Ciudad de México.

Se trata de trabajos que definirán el rumbo de nuestra Entidad Federativa. No puede ignorarse el contenido de la Constitución General de la República pero se puede ampliar el ámbito protector de derechos humano y se pueden definir en forma específica aspectos orgánicos sin alejarse de la Ley Fundamental.

Es necesario conocer el documento base de los trabajos para estar enterados de lo que se discute. Por ello se pone a disposición de los interesados el proyecto presentado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

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Día del Abogado

El 12 de julio se celebra el día del abogado en México, lo que se traduce en un reconocimiento respecto a una profesión indispensable en cualquier sociedad. Sin embargo, como ya he dicho en otras ocasiones, no debe tomarse como una fecha instituida para el festejo irreflexivo. 
No se trata de una fiesta para los abogados pensando en que el ejercicio profesional es impecable y, por eso, la sociedad debe rendir pleitesía. 
Es, sí, un reconocimiento a una profesión fundamental para una sociedad pero, también es una oportunidad para analizar si se están haciendo bien las cosas y, sobre todo, sobre qué podemos hacer para mejorar, para ser el gremio que la sociedad quiere y necesita
En efecto, cada uno de los profesionales del derecho, independientemente de la función que desempeñe,  está obligado a aportar lo que esté a su alcance para el mejoramiento del orden jurídico y de su aplicación para el beneficio de la sociedad. Para lograrlo el primer paso es reconocer que no todo está bien por lo que es necesaria la reflexión seria  al respecto.  Solamente con ese análisis y el compromiso de actuar en consecuencia considero que debe enfrentarse el festejo del día del abogado. Me congratulo por serlo y felicitó a todos mis colegas, especialmente a los que día a día luchan por tener un mejor país a partir de las instituciones jurídicas.

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Programa de Contingencias Ambientales para la Ciudad de México

Se publicó el día de hoy (1 de julio de 2016) el programa de Contingencias Ambientales para la Ciudad de México. Gaceta Oficial 010716 (Programa de Contingencia Ambiental)

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